VALÈNCIA (EP). La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este lunes tres decretos leyes del Consell sobre la modificación del régimen de apertura de compuertas en l'Albufera, el crédito extraordinario de 1.700 millones para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat Valenciana y la colaboración entre la Generalitat y ayuntamientos para que estos puedan construir centros sanitarios o ampliar los ya existentes.
Concretamente, el primero --Albufera-- y el tercero --centros sanitarios-- han sido convalidados con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y Compromís, mientras que el segundo --el de los 1.700 millones-- ha conseguido la unanimidad de todos los grupos.
Respecto al decreto ley de l'Albufera, este introduce dos reformas en la normativa autonómica, entre ellas una modificación del régimen de apertura de compuertas en el parque natural para permitir que puedan hacerlo a cualquier hora del día y garantizar así una conexión continua con el mar mientras se mantengan los efectos excepcionales de las inundaciones y las altas temperaturas.
Durante el debate, Joserra González de Zárate (PP) ha defendido el decreto ley por ser "muy necesario y consensuado" con las localidades afectadas y por proteger un "espacio único" como l'Albufera, mientras David Muñoz (Vox) ha apoyado la "agilidad administrativa" en materia de puertos.
Por el contrario, Mª José Salvador (PSPV) ha denunciado que se trata de una "nueva tropelía" del PP por no haber "ni consulta ni participación pública" y ha acusado al Consell de legislar para "sus amigos los concesionarios de los puertos", y Paula Espinosa (Compromís) ha criticado que el gobierno valenciano "pase el rodillo" con una norma que habla "de lujos y yates".
Crédito de 1.700 millones
El segundo de los decretos ley es el de la concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.730.274.170 euros para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat Valenciana correspondiente a 2024, derivado de gasto ejecutado fuera del presupuesto inicial, con el fin de proceder a su aplicación contable y su pago.
La operación se enmarca en la concertación de crédito de 1.816 millones de euros que acordó la Generalitat con CaixaBank, Sabadell y Kutxabank para atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales ante la no aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para cubrir el exceso de déficit de 2024.
Al respecto, Mª Carmen Contelles (PP) ha reprochado al Ejecutivo central que se niegue a cambiar el sistema de financiación autonómica "mientras regala a separatistas todo lo que quieren" y José Mª Llanos (Vox) ha acusado al Gobierno de "abandonar a los valencianos" tras la Dana.
Mientras, Toni Gaspar (PSPV) ha afeado al PP su "victimismo" y ha defendido que el Gobierno de España ha tenido que acudir "en auxilio" de la Comunitat Valenciana, al tiempo que Joan Baldoví (Compromís) ha justificado el voto a favor de su grupo por "responsabilidad": "Sin estos recursos la situación sería mucho más complicada".
Centros sanitarios
Finalmente, el tercer y último decreto ley regula la colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, y cinco ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para que los consistorios puedan desarrollar actuaciones relacionadas con la construcción de nuevos centros sanitarios o la ampliación de los ya existentes.
De esta manera, la Conselleria de Sanidad establece una línea de cooperación para que puedan construir nuevos centros o desarrollar obras en determinadas infraestructuras sanitarias en Borriana, Santa Pola, Torrent-El Vedat, Mislata y Orihuela Costa.
Sobre este decreto ley, Nieves Martínez (PP) ha valorado que se trata de una herramienta "fundamental" para caminar hacia un sistema sanitario público "robusto y adaptado a las demandas" actuales, a la vez que fortalece la cooperación entre administraciones, y David Muñoz (Vox) ha destacado que la norma "blinda" la sanidad frente a las políticas "de humo" de la izquierda.
Por el contrario, Rafael Simó (PSPV) ha criticado que la norma sea un "Edificant sectario" que deja en algo "muy pequeñito" una "gran oportunidad", mientras Aitana Mas (Compromís) ha cuestionado que el PP "nunca se ha creído la cooperación administrativa" y ha lamentado que se queden fuera de este decreto los pueblos pequeños.
