VALÈNCIA (EP). El pleno de Les Corts Valencianes no ha conseguido designar este jueves, por segunda vez, a los vocales del Consejo Valenciano de Transparencia al no haber alcanzado ninguno de los candidatos la mayoría de tres quintas partes necesaria para salir adelante, en una votación que ha sido secreta mediante papeletas.
Los candidatos a ocupar las vocalías del Consejo Valenciano de Transparencia, que tampoco salieron adelante en el pleno de diciembre, son Sonia Margarita Barriga y Vicente Fernández a propuesta del PP, Sofía García por Compromís y Eduardo Ruiz por Vox. Tras no salir adelante la elección, el reglamento de Les Corts establece que ahora se tendrán que hacer "sucesivas votaciones, en sesiones plenarias diferentes en el plazo de dos meses".
Por el contrario, sí que ha nombrado a David Salvo y César Quintanilla como presidentes de los consejos sociales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Universidad de Alicante (UA), respectivamente.
La cámara también ha elegido a los vocales en representación de los intereses sociales de los consejos sociales de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y a los propuestos por los grupos parlamentarios.
Los vocales en representación de los intereses sociales de la UPV son Ana Ortega (Autoliv), Pablo Lozano (NTT Data), Francisco Javier Quiles (Consum), Rocío Gil (Diputación de Valencia), Lorena Saus (Ascires), Francisco Segura (Grupo Segura), Ignacio Bertolín (Grupo Bertolín), Ignacio Alberola (La Española) y Ana Lozano (Valenthia Strategy).
El nuevo presidente del Consejo Social de la UPV, David Salvo, en un comunicado, ha fijado dos líneas principales de actuación: "Proseguir con el excelente trabajo realizado hasta ahora por el Consejo Social, de acercamiento entre el mundo académico y el empresarial y contribuir a la internacionalización y liderazgo".
Por su parte, los vocales en representación de los intereses sociales de la UA son José Rafael Pascual, alcalde de San Vicente del Raspeig; Andrés García Mongars, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA); Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA); Jesús Navarro, presidente y consejero delegado de Jesús Navarro (Carmencita); Jordi Azorín, consejero delegado de Hidraqua (Grupo Agbar); Carmen Berbegal, CEO de Actiu; Pablo Serna, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario; Sonja Dietz, gerente de Técnicos Asociados Consulting, y el constructor y promotor inmobiliario Rafael Regalado.
El nuevo presidente del Consejo Social de la UA, César Quintanilla, también a través de un comunicado, ha calificado su nombramiento como "uno de los grandes honores" de su trayectoria profesional y se ha comprometido a "lograr una mayor y mejor implicación del tejido social provincial en la vida cotidiana de la Universidad de Alicante, potenciando el desarrollo de los mecenazgos, las cátedras institucionales y la transferencia del conocimiento". Quintanilla releva en este cargo a Adolfo Utor, presidente de Baleària.
El Consejo Social de las universidades públicas valencianas es el órgano colegiado de participación de la sociedad valenciana en la universidad y, tal y como recoge la Ley de Consejos Sociales, la designación de la persona titular de la presidencia, así como la de los vocales de dicho órgano, debe ser aprobada por Les Corts.
Ilustre colegio de economistas de valencia
Por otro lado, el pleno de Les Corts Valencianes también ha aprobado este jueves, en este caso por unanimidad, el proyecto de ley de creación del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia, mediante la unificación del Colegio de Economistas de Valencia y el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia. La nueva entidad agrupará a más de 4.000 profesionales.
El decano del COEV, Juanjo Enríquez, ha destacado que esta unión "va a permitir alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos que el Colegio debe cumplir como corporación de derecho público", informa la organización colegial.
El nuevo colegio profesional representará a la totalidad de los profesionales de la economía en la provincia de Valencia. "Una sola voz que permitirá fortalecer nuestro papel en la sociedad y nuestros servicios a ésta y a nuestros compañeros".
Además, ha agregado el decano, servirá de cauce de colaboración con la Generalitat, representará los intereses de los economistas y titulares mercantiles y "contribuirá a velar por que la actividad de sus miembros esté al servicio de los intereses generales, de los consumidores y, especialmente, del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana".
El Colegio de Economistas de Valencia nació como tal en 1971 con cien colegiados, con el objetivo de aglutinar las especialidades y procedencias universitarias relacionadas con la profesión. Desde entonces ha realizado una amplia labor para que los economistas respondan a los retos profesionales mediante una amplia oferta formativa. En los dos últimos años ha programado una intensa actividad enfocada al uso de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), especialmente en los campos de la contabilidad, el análisis financiero, recursos humanos y para mejorar la productividad de las empresas.
La nueva entidad se constituirá como una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Como resultado de esta unión, los colegios profesionales preexistentes se extinguirán en el momento en que el nuevo Colegio de Economistas de Valencia adquiera personalidad jurídica, unificando así ambas entidades en una única institución representativa del sector económico y mercantil en la Comunitat Valenciana.
Una vez se publique la ley, en el plazo de un mes debe formarse la comisión permanente, que posteriormente redactará unos estatutos definitivos que están prácticamente hechos y que deben pasar la supervisión de la Generalitat. Hay tres meses de plazo para aprobarlos una vez se convoque la asamblea constituyente, que también debe convocar elecciones. Deberán celebrarse como máximo en los tres meses siguientes a la publicación oficial de los estatutos.
