VALENCIA (EP). Las defensas de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', y otros cuatro acusados más han alegado prescripción del delito y diferentes nulidades para frenar la pieza E del caso Imelsa, procedimiento por el que desde este lunes se sientan en el banquillo en los juzgados de València.

En concreto, en esta pieza hay cinco acusados: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just; y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias --Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent--.

Fiscalía reclama provisionalmente para Benavent, que fue antes de su cargo en Imelsa empleado de la Fundación Jaume II el Just, la pena de seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho --como cooperador--, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Junto a la pena de cárcel, el ministerio público le reclama el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.

Así mismo, el fiscal reclama otros cinco años de cárcel para Vicente Burgos, exmarido de Alcón; y tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.

Se trata de la pieza E del caso Imelsa, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón. Los contratos por los que versa el proceso se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También guardan relación con la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.

En la vista que ha arrancado hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, dedicada a cuestiones previas, las defensas han alegado prescripción de delitos y nulidades en registros de domicilios y empresas.

En concreto, el abogado de Benavent ha impugnado la investigación llevada a cabo por Rosa Pérez, quien aportó un pendrive a la Fiscalía con diferentes grabaciones e imágenes que han sido cuestionadas y que originaron el procedimiento.

Así mismo, este letrado ha pedido la nulidad del auto de entrada y registro de fecha 25 de enero de 2016 referido a la entrada al domicilio particular de Alcón, el resto de empresarios acusados y la Fundación Jaume II. Ha alegado que el mismo no está "suficientemente motivado" y se ha producido una infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio que afecta a la tutela judicial efectiva.

Por su parte, el abogado de Vicente Burgos ha alegado prescripción del delito imputado a su representado puesto que entiende que ya han transcurrido los 10 años que contempla la ley. Esta misma prescripción también ha sido defendida por los letrados de los otros tres empresarios acusados en la causa.

Frente a ello, la Fiscalía ha defendido la validez de las grabaciones aportadas por Rosa Pérez y los registros efectuados tanto en domiiclios como en empresas. Así mismo, ha negado cualquier tipo de prescripción y ha recordado que Benavent "estaba cobrando sin estar trabajando". "Se le acusa de un delito de malversación porque tenía perfectamente conocimiento de que no trabajaba en la entidad. Decía que trabajaba para el PP", ha expuesto. La Sala ha expuesto, tras estudiar los argumentos, que las peticiones y nulidades se abordarán en la sentencia.

"Yo no soy zombie"

Benavent, a su llegada a los juzgados acompañado de su abogado, Juan Carlos Navarro, ha declarado a los medios de comunicación: "Yo no soy zombie. Los zombies son otros". Interpelado entonces por si trabajaba en la empresa, ha dicho: "Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro" --se refería en la Sala--.

Según el escrito fiscal, Benavent fue "colocado" por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la fundación, "el cual, a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales".

El 26 de diciembre de 2017 la Generalitat extinguió la fundación con pérdidas asumidas por las cuentas públicas por importe de más de 13 millones de euros, "la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando presenta su primer informe", añade el fiscal.

Durante estos años --siempre según el mismo escrito fiscal--, "Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, de tal forma que aseguraban a las empresas ser las adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato". Este dinero era recaudado por Benavent y luego se repartía.