VALÈNCIA. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se plantea llevar al Gobierno a los tribunales si no accede a un incremento de las indemnizaciones correspondientes a las parcelas arrasadas por la Dana de 2024 que han pasado a ser de Dominio Público Hidráulico debido a que se ubicaban junto a cauces y barrancos.
Según Cristóbal Aguado, presidente de la organización agraria, las indemnizaciones que ofrece el Ministerio de Agricultura son, a su parecer, insuficientes, y considera que se debería usar la vía de la expropiación para obtener un precio ajustado a la pérdida económica que supone dejar de cultivar estos terrenos. "La obligación del Gobierno es arreglarlo, pero les hemos comunicado que lo mejor es que expropie y si viene otra dana será mejor para todos que no haya cultivos en esas zonas", señaló Aguado en respuesta a las preguntas de los periodistas durante la presentación del balance agrario de 2025.
La clave de esta petición realizada por AVA-ASAJA es que si se ejecuta la vía de expropiación, el importe (conocido como justiprecio) que se deberá pagar lo decidirá un Jurado de Expropiación, por lo que la cantidad será previsiblemente mayor. "Al Ministerio de Agricultura les parece muy bien y, de hecho, han añadido mil euros por hectárea", agrega el presidente de AVA, quien pone el foco en el Ministerio de Transición Ecológica como responsable de que dichas parcelas pasen a ser de Dominio Público por su ubicación. "El secretario de Estado quería que fuera de dominio público y no se indemnizaran, pero nosotros hemos dicho que no, que lo normal es que se llegue a un acuerdo para que paguen a los propietarios lo pertinente. Así que estamos ahí, peleando. Si no es así, acabaremos en los juzgados", sentenció.
Los terrenos dañados por las inundaciones y riadas provocadas por la Dana de 2024 alcanzan un total de 300 hectáreas de cultivo. AVA-ASAJA ya ha reclamado anteriormente al Ministerio para la Transición Ecológica una línea específica de ayudas que compense la pérdida de estas tierras y vuelve a insistir en la necesidad de ejecutar infraestructuras hidráulicas pendientes desde hace décadas para minimizar los efectos de futuras riadas. Sin embargo, las declaraciones de Aguado durante la rueda de prensa señalan por primera vez la intención de AVA de ir a los tribunales en caso de que no se llegue a un acuerdo.
No obstante, la organización valora de manera positiva la publicación de las primeras ayudas de 11.800 euros por hectárea por parte del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, insiste en que esta línea de compensación para reparar los daños agrarios se vea complementada con ayudas adicionales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con el objeto de indemnizar a estos afectados por la pérdida de propiedad de sus parcelas en el momento en que pasen a pertenecer a Dominio Público Hidráulico (DPH).
AVA-ASAJA viene solicitando al Gobierno central, tanto a los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica como al Comisionado de la DANA, la Delegación del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la aprobación de ambas líneas de ayudas desde hace meses. "El Ministerio encabezado por Luis Planas atendió rápidamente la propuesta de AVA-ASAJA consistente en activar una compensación para reparar los siniestros de carácter agrario, con una cuantía que queda muy por debajo del precio de mercado de la tierra", señala la organización.
Por su parte, el anterior comisionado de la DANA, José María Ángel, respondió a la asociación que el Miteco estaba estudiando (e incluso tenía muy avanzada) la posibilidad de aprobar una figura de indemnización o procedimiento equivalente que garantice una compensación adecuada por la pérdida del valor patrimonial del suelo.
Tras meses sin avances, la nota del Ministerio de Agricultura publica sus ayudas "sin perjuicio de la posterior tramitación de los correspondientes expedientes para pasar formalmente, en su caso, a ser dominio público hidráulico". En este sentido, AVA-ASAJA reitera su demanda de que el Miteco apruebe ayudas adicionales cuando tramite estos expedientes que suponen la pérdida de la propiedad de dichos terrenos.