VALÈNCIA (EP). Los economistas de la Comunitat Valenciana consideran que el proceso extraordinario para la regularización de inmigrantes tiene que acompañarse de "una transferencia coordinada de recursos hacia las comunidades autónomas y corporaciones locales" para absorber la demanda de servicios públicos, así como un impulso a las políticas de vivienda social.

Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta de primavera 2026 Los economistas opinan, cuyos resultados ha presentado este jueves el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana. El estudio consta de una parte estructural en la que se analiza la situación de la economía valenciana y otra sobre temas de actualidad, que en esta ocasión ha versado sobre la regularización extraordinaria, el precio de la energía y la inteligencia artificial.

En cuanto a la regularización de la población migrante en España, los encuestados anticipan un incremento de la presión en los servicios públicos como la sanidad y la educación (media de 3,7 sobre 5) y un impacto alcista en los precios de compra y alquiler del mercado inmobiliario (media de 3,7 sobre 5).

En el ámbito laboral, el 61,3% coincide en que esta medida facilitará la cobertura de vacantes en sectores con escasez de mano de obra (media de 3,6 puntos).

Las opiniones se muestran divididas en cuanto al nivel salarial de baja cualificación (media de 3,1) y la reducción de la economía informal (media de 3,0), donde un 40,9% prevé un afloramiento del empleo y un 36,4% no anticipa cambios en la informalidad estructural.

Del cruce de datos e interpretaciones, el informe efectúa tres recomendaciones. En primer lugar señala que la regularización requiere una transferencia coordinada de recursos hacia las comunidades autónomas y corporaciones locales para absorber la demanda de servicios públicos sin comprometer la calidad de las prestaciones.

En segundo lugar, como la vivienda es un foco crítico de tensión (59,0% de acuerdo), inciden en que el proceso debe complementarse con políticas de estímulo a la vivienda social o incentivos al alquiler asequible para mitigar tensiones inflacionarias en áreas tensionadas.

En tercer lugar, para neutralizar el riesgo percibido de devaluación salarial en los empleos peor remunerados, ven imperativo reforzar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales. "El objetivo debe ser guiar el mercado hacia un modelo basado en la mejora de la productividad y no en la competencia por costes salariales bajos", señala el informe.

Aumenta la preocupación por la vivienda

Al margen de este proceso, respecto a la economía valenciana, solo el 11,7% de los encuestados considera que la situación de la Comunitat ha mejorado, el 38,0% afirma que sigue igual y el 34,0% opina que está peor. Los profesionales otorgan una puntuación media de 5,6 sobre 10 a la Comunitat Valenciana frente a un 5,3 otorgado a España.

Las perspectivas económicas a seis meses para la Comunitat Valenciana apuntan a un escenario de continuidad, con un 50,2% de las respuestas en el bloque optimista. Por el contrario, las previsiones para la economía española descienden hasta una media de 5,1 puntos y acumulan un 36,1% de respuestas negativas.

El presidente del Consejo y decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, ha señalado, en declaraciones a los medios, que uno de los aspectos más novedosos respecto a encuestas anteriores es que el acceso a la vivienda ya aparece como el tercer mayor problema estructural de la Comunitat Valenciana (prioridad para el 44,0%), solo por detrás del déficit de financiación autonómica (45,5%) y la excesiva dependencia sectorial (45,3%).

Para Enríquez, "los resultados evidencian que el problema de la vivienda persiste, además de la infrafinanciación autonómica y la dependencia de dos sectores básicos en nuestro tejido económico: el turismo y la construcción. Además, en este semestre hemos querido preguntar por cuestiones relacionadas con la energía, la regularización de inmigrantes y el uso de la inteligencia artificial".

El decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, ha destacado que "casi el 50% de los encuestados ha contestado que su situación económica se ha mantenido estable, que ha mejorado ha respondido el 25% y ha empeorado para el 24%.

En cambio, el decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, ha subrayado que "los encuestados creen que la economía de la Comunitat está en una mejor posición que la del resto de España y los economistas de mayor edad responden con mayor optimismo que los colegiados más jóvenes".

Encarecimiento de la energía

El encarecimiento de la energía afecta de forma notable a la competitividad empresarial de la Comunitat Valenciana, según el 75,3% de los encuestados, con una media de impacto de 3,9 sobre 5 que se eleva a 4,1 en la provincia de Castellón.

Para mitigar esta situación, los economistas priorizan el desarrollo de la energía solar y eólica (4,1 sobre 5) y la hidráulica (3,8 sobre 5), mientras que la energía nuclear registra una media de 3,5 puntos y una elevada dispersión de opiniones. La gestión de las políticas energéticas de la Unión Europea recibe una valoración crítica, con una media global de 2,5 sobre 5, donde el 83,0% de la muestra califica su eficacia como moderada o baja.

"Los compañeros, en un 90%, han considerado que efectivamente los suministros de energía y condiciones, seguridad y coste, son un elemento básico para la productividad de las empresas", ha explicado Enríquez.

El representante de los economistas ha destacado que los profesionales otorgan un suspenso a las políticas de la Unión Europea en materia energética durante los últimos años. Aunque apuestan mayoritariamente por las energías solar y eólica, consideran que debe potenciarse la hidráulica. La nuclear, en cambio, despierta una "disparidad total" de opiniones.

Por último, un 64,6% de los encuestados coincide en que la inteligencia artificial incrementará la productividad empresarial (media de 3,7 sobre 5), aunque la reducción de costes asociados genera mayor prudencia (media de 3,6).

Por otra parte, los economistas descartan que la tecnología sea una solución adecuada para suplir la falta de personal cualificado, otorgando a esta opción una media de 2,8 puntos. Finalmente, los riesgos más relevantes identificados en el estudio son: Ciberseguridad y vulnerabilidad de datos (40,5%); falta de un marco regulatorio y ético claro (35,4%); Dependencia tecnológica (33,5%); Sesgos y errores algorítmicos (31,8%).