Los municipios Dana no tendrán que presentar planes de ajuste si incumplen la regla de gasto

VALÈNCIA (EFE). La Generalitat ha anunciado que las entidades locales afectadas por la Dana se beneficiarán de un régimen excepcional y más flexible de las reglas fiscales en sus presupuestos durante los ejercicios 2026 y 2027.

Así lo ha indicado el director general de Administración Local, José Antonio Redorat este sábado, después de que el Consell solicitara en marzo al Ministerio de Hacienda medidas específicas para paliar las dificultades en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Redorat ha valorado que el Ministerio haya recogido estas peticiones formuladas, "ya que supone un paso importante para dotar a estos ayuntamientos de las herramientas necesarias para afrontar las consecuencias de la Dana sin comprometer su estabilidad financiera", ha informado la Generalitat.

Ha explicado que "los ayuntamientos afectados quedarán exentos de la obligación de aprobar un plan económico-financiero durante los años 2026 y 2027 en los casos en que se produzcan incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto derivados de la utilización del remanente de tesorería o del exceso de financiación afectada para atender estos gastos extraordinarios".

Esta exención se aplicará conforme a los límites y requisitos establecidos en el artículo 30 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, y responde a la naturaleza excepcional de los gastos realizados para garantizar la recuperación y atención a los municipios afectados.

Además, a partir de la solicitud de la Generalitat, en el artículo 5 del Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras actuaciones de apoyo a las víctimas de siniestros causados por la dana y otras situaciones de emergencia, se ha incluido el reconocimiento como gastos excepcionales aquellos en los que hayan incurrido, de forma extraordinaria, los ayuntamientos valencianos para hacer frente a los efectos de la catástrofe.

Este reconocimiento permitirá que la financiación destinada a cubrir dichos gastos se contabilice, a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales, en el ejercicio en el que se produce el gasto.