ALICANTE. Las secciones sindicales que conforman la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante se posicionan respecto a la controversia desencadenada a cuenta de la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado entre los años 2018 y 2022 para defender la profesionalidad de los funcionarios y solicitar respeto. Así se plantea en un comunicado difundido tras la reunión informativa mantenida con responsables de la Concejalía de Recursos Humanos, este viernes, en relación con las informaciones publicadas sobre la compra de los 140 pisos de dicha promoción, entre los que se ha constatado la existencia de hasta nueve empleados municipales como adquirientes de esas viviendas.

La Junta de Personal apunta que, una vez conocidos los datos trasladados por el equipo de gobierno, se habría constatado la existencia de hasta diez personas vinculadas directamente con el Ayuntamiento de Alicante que compraron pisos en ese residencial: nueve funcionarios más la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, que presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal días después de que trascendiese la polémica, como informó este diario.

En este sentido, los representantes sindicales agrupados en la Junta de Personal detallan que, tras el análisis interno efectuado por el ayuntamiento para precisar la "posible relación de estas personas con los departamentos de Patrimonio, Contratación y Urbanismo, con el fin de determinar si existió participación directa en los procedimientos administrativos" se desprende que "una de las personas afectadas era la concejala de Urbanismo, que ha presentado su dimisión" y "dos funcionarios, arquitectos municipales, que han sido sometidos a expedientes de información reservada".

Así, el comunicado subraya que "los siete funcionarios restantes no han tenido intervención ni responsabilidad en los procedimientos, por lo que no procede actuación alguna respecto a ellos", como también ha publicado Alicante Plaza. De ahí que la Junta de Personal considere "imprescindible diferenciar entre posibles conductas individuales que deban ser investigadas y la actuación profesional y honesta de la inmensa mayoría de empleados y empleadas públicos del Ayuntamiento de Alicante". "Rechazamos cualquier generalización que pueda dañar injustamente la imagen, el prestigio y la dignidad del conjunto del personal municipal, que desarrolla su labor diaria con profesionalidad, imparcialidad y vocación de servicio público", apunta el escrito.

Celeridad y garantías legales en los expedientes

Al tiempo, la Junta de Personal manifiesta "su apoyo a los trabajadores y trabajadoras que no tienen responsabilidad en los hechos investigados", y solicita "que se respete en todo momento su derecho al honor, a la presunción de inocencia y a su reputación profesional". "Igualmente, instamos a que los procedimientos abiertos se tramiten, con la mayor celeridad posible, así como con todas las garantías legales, objetividad y transparencia, respetando los derechos de las personas afectadas y evitando filtraciones o juicios
paralelos", recalca.

Por último, los representantes sindicales reiteran su "compromiso con la defensa de la ética pública, la legalidad y la buena administración" y aseguran que se mantendrán vigilantes "para que cualquier actuación irregular sea depurada conforme a Derecho". Por todo ello, la Junta de Personal expresa su "voluntad de seguir colaborando con la corporación municipal en la mejora de la transparencia institucional y en la defensa de la integridad del servicio público", según concluye el comunicado.