VALÈNCIA. Las organizaciones sindicales Satse, CCOO, UGT, CSIF, Intersindical Salut-IV y Simap se han concentrado hoy martes, 13 de enero, ante la Conselleria de Sanidad para denunciar la actitud de cierre y bloqueo que mantiene la Administración sanitaria, dirigida por Marciano Gómez. Los sindicatos acusan al conseller de frenar cualquier posibilidad de diálogo real y de incumplir el compromiso adquirido en 2023 para implantar la jornada semanal de 35 horas y otras mejoras esenciales para el personal que la Conselleria mantiene bloqueadas.
El acuerdo firmado el 8 de marzo de 2023 sobre la implantación de las 35 horas semanales, debía consolidar avances laborales largamente reivindicados, pero la Conselleria lo mantiene paralizado desde hace dos años con la intención de renegociarlo o, incluso, de dejarlo sin efecto. Este retroceso, señalan las organizaciones, supone tirar a la basura el esfuerzo negociador realizado durante largos meses y prolongar el deterioro del sistema público valenciano, que sufre desde hace años la presión de la falta de personal y la sobrecarga asistencial.
Los seis sindicatos recuerdan que la distribución de la jornada de 35 horas de lunes a viernes podría haberse aplicado sin necesidad de reabrir el acuerdo, ya que el marco legal estatal y autonómico lo permite. Sin embargo, a finales de 2025 aún no se ha implantado, generando malestar entre el personal y situando a la Comunitat en desventaja respecto a otras autonomías que sí han cumplido estos compromisos, logrando retener y captar a más profesionales por contar con mejores condiciones laborales.
Se mantiene paralizado el Decreto que regula el sistema de alerta precoz y respuesta rápida en Salud Pública. Se pretende aplicar un modelo obsoleto de Atención Primaria que ignora las necesidades reales de los centros de salud y de su personal. Y, para colmo, quieren desmantelar el Servicio de Emergencias Sanitarias, SES Comunitat Valenciana.
Este incumplimiento no solo ha generado malestar entre las/os trabajadoras/es, sino una profunda pérdida de confianza, descontento y un creciente sentimiento de abandono entre quienes sostienen día a día el sistema sanitario. Muchas de las medidas pactadas en su día suponían una mejora real en la calidad de vida del personal y en la conciliación familiar, además de repercutir en la calidad asistencial.
A lo anterior se suma el retraso en los procesos selectivos, la eliminación de derechos como las excedencias, el freno a mejoras prometidas —como la reducción de listas de espera, la reorganización de las agendas médicas o la implantación de la enfermera escolar— y la parálisis de mejoras esenciales, como el decreto de alertas de Salud Pública o el nuevo modelo de Atención Primaria, criticado por su enfoque centralista y regresivo. Los sindicatos alertan de que esta falta de avances está empujando a muchos profesionales a marcharse a otras comunidades donde se respetan sus derechos y se reconoce su trabajo.
Del mismo modo, advierten de que la deriva actual está favoreciendo la expansión de la Sanidad privada, que crece de forma proporcional al deterioro del sistema público. Las listas de espera, el cierre de servicios, la falta de planificación, la derivación de pruebas diagnósticas y las decisiones unilaterales están provocando que cada vez más ciudadanos recurran a seguros privados, cuyos precios seguirán aumentando a medida que se debilite la red pública.
Ante esta situación, SATSE, CCOO, UGT, CSIF, INTERSINDICAL SALUT-IV y SIMAP exigen una rectificación inmediata del conseller y apelan al nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que intervenga de manera urgente. Las organizaciones advierten que, si no se recupera el diálogo y no se cumple lo acordado, intensificarán las movilizaciones en defensa de los derechos del personal sanitario y de la protección de un sistema público, que pertenece a toda la ciudadanía. La Sanidad valenciana, concluyen, no se puede permitir más retrocesos ni más desidia administrativa.
