VALÈNCIA. Ya solo queda que se evalúe a los candidatos y se materialice la elección. La carrera abierta para elegir al nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Valencia vivió este jueves un momento clave con la comparecencia de los aspirantes ante la Comisión de Valoración, que deberá elevar la propuesta de nombramiento al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cita sirvió, de este modo, para que los tres concurrentes al puesto en la Audiencia de Valencia pudieran exponer su currículo y su 'programa' para los próximos cinco años.

Aspiran a presidir la Audiencia los magistrados Gonzalo María Caruana, Sonia Alicia Chirinos y José Manuel Ortega, con diferentes trayectorias y con proyectos que, si bien coinciden en buena parte del diagnóstico sobre el estado del órgano provincial y las deficiencias en la planta judicial, difieren en algunos aspectos sobre las medidas a implementar. Eso sí, sea quien sea el seleccionado, deberá hacer frente al reto de la creciente digitalización y la tan buscada eficiencia en los servicios públicos, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica con este propósito el pasado mes de enero.

Por una parte, concurre a la plaza Caruana, magistrado especialista en derecho civil de la Comunitat Valenciana que está integrado en la Sección 11ª de esta jurisdicción. Además de haber sido profesor en varias instituciones como la Escuela Practica Jurídica, la Universitat de València (UV) y la Universidad CEU Cardenal Herrera y haber participado en diversos libros y revistas especializadas, tiene a sus espaldas la primera sentencia a nivel de Audiencia Provincial sobre la compra de acciones de Bankia por falta de información veraz, u otra por cláusulas abusivas en hipotecas bancarias emitida en 2017.

Chirinos es magistrada especializada en violencia de género y forma parte de la Sección 5ª de lo Penal. Fue la primera persona en ocupar la Dirección General de Justicia e Interior en la Comunitat, entre 1991 y 1993 -gobierno de Joan Lerma-, y en 2007 fue un año asesora del secretario de Estado de Justicia, ayudando en la implantación de la Ley de Violencia de Género, además de haber ejercido como profesora en la Universidad de Alicante y la Universitat de València. Destaca entre sus resoluciones la absolución de los siete acusados en la pieza del 'call center' del 'caso Imelsa', entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En cuanto a Ortega, especialista en el orden jurisdiccional penal, también tiene conocimientos del Derecho Civil Foral de la Comunitat Valenciana y se encuentra en la Sección 2ª de la Audiencia, la que -por cierto- debe decidir sobre los recursos presentados en la causa de la Dana que instruye el juzgado de Catarroja. Ya optó junto a otros seis candidatos a la presidencia de la Audiencia en 2015, cuando resultó elegido Fernando de Rosa, y ha sido profesor en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, la UNED, la Universitat de València y en un curso organizado por el Colegio de Abogados. Resalta su participación en algunos procesos relacionados con delitos de odio, pornografía infantil o delitos contra la intimidad y cibersexo.

Los programas

Uno de los problemas estructurales que deberán atender es precisamente la elevada carga de trabajo de los magistrados. Así, por ejemplo, tanto Caruana como Ortega insisten en sus programas en la creación de una nueva Sección Civil o, en su defecto, reforzar con un magistrado adicional cuatro de las seis secciones civiles existentes, las no especializadas, como ya acordó el CGPJ. En las secciones penales, el primero pide un magistrado más de planta en tres de las cinco secciones u optar por una nueva, mientras que Ortega reivindica que se creen las cinco plazas para esta jurisdicción, que tuvieron el visto bueno del CGPJ, y que se cree una nueva sección.

La aplicación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia también condicionará la presidencia durante los próximos cinco años, de ahí que los tres aspirantes abunden en sus repercusiones, especialmente Chirinos, que la entiende como una "oportunidad" y la considera el objetivo general de su programa. La "plena aceptación" del expediente electrónico será, por ejemplo, una de sus prioridades, y promete la creación de grupos de trabajo con jueces para abordar el problema de las sustituciones, la reformulación del sistema de organización de la Sala de Vacaciones y el estudio de proyectos piloto con "ideas innovadoras y sobre todo útiles" para responder a la carga de trabajo.

Por su parte, Chirinos promete "coordinación" y "cogobernanza" para la puesta en marcha de la Oficina Judicial que crea la ley, así como para analizar con los magistrados las consecuencias de la normativa, por ejemplo en las "posibles nuevas competencias" exclusivas en alguna sección, por ejemplo en la jurisdicción penal debido a la especialización que exige la nueva ley. Ortega propone una organización con dos servicios comunes, uno de tramitación y otro de ordenación de procesos de ejecución, si bien también apela a la "coordinación" y la "cogobernanza" que inspira la ley. Por otro lado, ante la creación de la oficina y los servicios comunes, Caruana plantea concitar con el presidente del Tribunal de Instancia la creación de una sección específica para las ejecutorias penales.

La ley busca potenciar los mecanismos alternativos al procedimiento judicial para la resolución de conflictos. Así, Caruana propone crear una oficina para esta finalidad, aprovechando el espacio actual que se destina en la Ciudad de la Justicia a la mediación, que es uno de dichos mecanismos alternativos. También plantea modificar las normas de reparto para descargar a la Sección dedicada a violencia de género pues, con la norma, asumirá más competencias; así como especializar una sección para asuntos de infancia y adolescencia. Igualmente Ortega incluye en su programa precisamente analizar las repercusiones del nuevo reparto competencial para tomar medidas al respecto.

Los tres aspirantes reservan alguna referencia para el impacto que ha tenido y tendrá la DANA. Chirinos apunta a problemas provocados por el temporal como "la desaparición de material archivado" o la "destrucción o deterioro" de edificios que impiden el trabajo. Aunque admite que la administración está trabajando "de una forma diligente", reclama "una estrecha colaboración" con ella para resolver los obstáculos. Caruana incide en la necesidad de adoptar "meganismos ágiles de detección y reparto" de asuntos en las secciones civiles para "conseguir una pronta solución temporal" debido a la "sensibilidad e inquietud" que implican los recursos de partidos judiciales afectados por la riada. Debido al incremento de asuntos en materia de seguros, arrendamientos y propiedad horizontal, propone que una de las secciones civiles "tenga el conocimiento exclusivo" sobre estas cuestiones.

"Habrá que estar atento a los incrementos de entrada de asuntos vinculados" a la Dana, expone Ortega en su programa, dado que la catástrofe "puede provocar incrementos de la litigiosidad". Así, recuerda que los juzgados de Catarroja siguen desplazados de su sede y que no se prevé que vuelvan a su lugar habitual hasta noviembre. Por ello, asegura que habrá que mantener "contacto permanente" con los decanos de dichos partidos judiciales para "dar respuesta inmediata" a los problemas porque los ciudadanos "no deben verse privados, además, de la debida respuesta cuando precisen de tutela judicial".