VALÈNCIA (EFE). La defensa del expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la Dana de rechazar su petición de enviar a la Audiencia Provincial de Valencia unos documentos concretos para que esta resuelva al respecto.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra dictaminó la semana pasada que no había lugar a la "designación de particulares" -el trámite que permite pedir que la Audiencia revise documentos específicos de una causa- planteada por Mazón, "dado que el recurrente no tiene acceso a las actuaciones".

La defensa del expresident ha recurrido esa diligencia de ordenación al considerar que hay una "contradicción", pues sí se admitió el recurso de apelación contra el auto de la magistrada en el que rechazó la personación de Mazón en la causa tras haber sido citado como testigo, pero luego ha denegado la designación de particulares.

"Admitir la apelación y negar, a la vez, la incorporación al testimonio de los particulares designados por el recurrente supone apartarse del diseño legal del recurso y frustrar su finalidad revisora", indica el recurso al que ha tenido acceso EFE, en el que se considera que la decisión de la jueza "vulnera el derecho de defensa y produce indefensión".

Para la defensa de Mazón, negar esa posibilidad "supone impedir que el Tribunal de apelación pueda contrastar directamente la exactitud de las alegaciones" del recurso, "reduciendo artificialmente el material procesal sobre el que ha de pronunciarse", lo que "genera una indefensión efectiva".

Asimismo, expone el recurso que la diligencia recurrida incurre "en un formalismo irrazonable y desproporcionado", pues admite el recurso de apelación "pero le priva de la base documental mínima para que pueda prosperar o siquiera ser examinado en toda su extensión por el Tribunal Superior".

Según la defensa del expresident, "no existe obstáculo legal alguno" para que se admita la designación de particulares planteada por Mazón, "antes bien, es la única solución respetuosa" con la ley de Enjuiciamiento criminal y "con la exigencia constitucional de evitar interpretaciones formalistas que lesionen el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva".