MADRID (EFE). El Ministerio de Vivienda ha solicitado por carta a las comunidades autónomas que tomen medidas contra el fraude de las viviendas turísticas ilegales y que asuman sus responsabilidades una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único de arrendamientos de corta duración, y a la Comunitat Valenciana en concreto le pide que actúe contra 15.000 pisos.

En las cartas remitidas a Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Baleares, Canarias, Navarra, Extremadura y País Vasco, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, les ha trasladado que acata la sentencia, "como no podría ser de otra forma".

"La única razón que explica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se implicara desde un inicio en esta materia era cumplir con el Reglamento de la Unión Europea que daba a entender que el Estado tenía que actuar de forma rápida ante la emergencia habitacional y la fuga masiva de viviendas del ámbito residencial al turístico", ha subrayado en los respectivos escritos.

El pasado 21 de mayo el Supremo acordó la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) que quieran publicitarse en plataformas digitales al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta "exhaustiva" regulación.

Pide a las CCAA del PP tomar "el camino correcto"

En el caso de las CCAA gobernadas por el PP -en solitario, en coalición con otras formaciones o gracias a su apoyo-, les ha informado de que a partir de ahora corresponde a los gobiernos autonómicos llevar a cabo la inspección, sanción y clausura de las viviendas turísticas ilegales detectadas por el Registro de la Propiedad en este año en sus territorios.

La ministra ha indicado que cuando los derechos de la ciudadanía están "en juego", no se puede eludir la responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos y confía en que ahora tomen el camino correcto ya que la labor que han realizado ha sido "insuficiente, cuando no inexistente".

 En la carta remitida a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, indica que a partir de ahora corresponde a la Generalitat llevar a cabo la labor de inspección, sanción y clausura de las casi 15.000 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año, más de 9.000 solo en la provincia de Alicante, la segunda provincia con mayor número de toda España.

Son más de 15.000 viviendas que podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en la Comunitat, en lugar de expulsar a miles de valencianos y valencianas de sus barrios o de sus ciudades, asegura.

También considera que alcanzar estos datos en menos de un año significa que este registro ha demostrado "por la vía de los hechos" que la labor realizada desde el Gobierno valenciano es "insuficiente, cuando no inexistente", y ve "incoherente" mantener que hace falta construir más vivienda y a la vez permitir que 15.000 pisos estén "en fraude e ilegalidad a través de los alquileres de corta duración".

En la misiva, la ministra dice no salir de su incredulidad por el recurso que planteó la Generalitat a una herramienta que aflora viviendas que no cumplen con la normativa y que "persigue" la norma que detecta dónde se ubican, una decisión que supone, en su opinión, "un incumplimiento de los principios del Estatuto de Autonomía" de la Comunitat.

Advierte de que van a estar "muy vigilantes"

La ministra les ha comunicado que van a estar "muy vigilantes" de que se lleven a cabo las acciones oportunas para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía.

En el caso de Madrid, insiste en que la ausencia de regulación "eficaz" para alquileres turísticos y de temporada y la ausencia y omisión "deliberada" de la función inspectora y sancionadora permite a pisos turísticos operar como alquileres de temporada cuando carecen de licencia turística, especialmente en la capital.

Sin embargo, ha apuntado que otras CCAA, gobernadas por el PSOE o con el apoyo del mismo, han demostrado "estar a la altura" para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y son un "faro de inspiración".

Les agradece su "extraordinaria valentía" por haber primado el interés de la ciudadanía a intereses privados y/o económicos "en un momento en el que se pone en tela de juicio el papel de las instituciones por parte de la extrema derecha".

Según se desprende de las cartas, se han detectado 27.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía; 25.000 en Madrid (turísticas y de temporada); 15.000 en la Comunitat Valenciana; 14.200 en Canarias; 4.500 en Galicia; 2.400 en Murcia; 1.750 en Castilla y León; 1.700 en Cantabria; 1.180 en Aragón; 380 en Extremadura o 367 en La Rioja.