VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda abrió un expediente a la empresa del hermano de Ximo Puig, Francis Puig, para prohibirle la contratación con la administración pública tras probarse que había formado un cártel de productoras para repartirse varios lotes de un contrato de À Punt. El procedimiento, sin embargo, acabó archivado hace aproximadamente un año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así lo acordó tras certificar la firma, Comunicacions dels Ports, que había pagado la sanción impuesta y que había implementado un buzón interno de denuncias.

La empresa de Francis Puig, quien está a punto de sentarse en el banquillo por el cobro fraudulento de subvenciones, fue sancionada por el departamento de Competencia de la Generalitat Valenciana junto a otras tres compañías del sector por acordar los precios de sus ofertas para concurrir a una licitación pública abierta por la radiotelevisión pública, À Punt. Así, la Conselleria de Economía aplicó una multa de 43.000 euros a los implicados -casi 17.000 a Comunicacions des Ports- y envió su dictamen a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aplicara la sanción oportuna por falsear la competencia. Esto es, el veto para optar a contratos públicos por un plazo de hasta 18 meses.

"Las cuatro utilizaron tipos o modelos de ofertas con precios idénticos en todos los conceptos, que se repetían de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron", lo que "respondía a un sistema de reparto por el que las cuatro empresas sancionadas rotaban en las posiciones primera, segunda, tercera y cuarta" en los diferentes lotes, tal como recogía la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio, al abrir el expediente, por el que dio plazo de alegaciones a la compañía.

Según el organismo, la actuación de la empresa "supuso una vulneración de la legislación vigente en materia de competencia, persiguiendo un beneficio ilícito consistente en tratar de asegurarse la adjudicación de los contratos simulando una inexistente intención de concurrir en competencia a los mismos".

La sanción, sin embargo, no se llegó a aplicar, porque la compañía acreditó ante el Ministerio las dos condiciones exigibles para evitarla: una, "el pago de la sanción impuesta"; y la segunda, "la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas". En ese sentido, la normativa exige que estas medidas "no se ciñan a una mera descripción de comportamientos esperables o deseables, sino que, de conformidad con la finalidad de la norma, deben aplicarse de forma efectiva y fiable con el fin de contribuir a evitar la comisión futura de infracciones similares".

El Ministerio considera probado que la compañía ha cumplido con estos requisitos. En sus alegaciones, Comunicacions dels Ports expone que ha implementado "un Sistema Interno de Información, Canal de denuncias, dentro del marco de desarrollo de medidas tomadas por la empresa para implantar un compliance" así como "un sistema para establecer los precios ofertados de sus servicios en función de los costes de los recursos técnicos y humanos dedicados a los servicios que se ofrecen".

"Desde el momento que la sociedad fue sancionada hasta el día de hoy, la compañía ha realizado numerosos contratos de servicios para el sector público, sin que se haya registrado ninguna queja ni denuncia", defendía la empresa sancionada, que consideraba "idóneas y aplicables" las medidas acordadas tras la multa: "En este tiempo, no se ha producido ninguna denuncia ni queja en los contratos con el sector público ni privado".

Por ello, a Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado "considera que la exigencia legal de actuaciones que eviten futuras infracciones similares a las que ocasionaron la sanción debe darse por suficientemente acreditada en el caso que nos ocupa", por lo que finalmente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acabó por archivar el expediente.