VALÈNCIA. El encontronazo que protagonizaron la semana pasada Gobierno y Consell con motivo del control y transparencia en el etiquetado y presentación de productos alimentarios vuelve a escribir otro capítulo. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado cartas a la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, para instar a la Generalitat Valenciana realizar labores de control oficial para asegurar la calidad y el etiquetado en el ámbito alimentario dentro de la Comunitat Valenciana.
Este departamento ha insistido en que la Comunitat Valenciana es "la única de todo el Estado" que no está llevando a cabo estos controles (de hecho, dice que lleva años en esta situación) y señala que deja "desamparada a la ciudadanía de forma completamente arbitraria y contraria a los compromisos suscritos por la propia Comunitat Valenciana". Por este motivo, Bustinduy insta a la Generalitat a informar cuál es autoridad competente para esta labor de control oficial en la Comunitat Valenciana, y que acredite así el cumplimiento de los requisitos de vigilancia de la cadena alimentaria. En la misiva, el ministerio lamenta no haber recibido respuesta por parte de la conselleria a sus peticiones de información.
A las pocas horas de que los medios se hicieran eco de estas misivas, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, reaccionó y no sólo defendió el control y la vigilancia que lleva a cabo la Generalitat sobre el sistema alimentario valenciano, si no que acusó al ministro de "situar la duda" en los clientes nacionales e internacionales. "Deben saber que están consumiendo los mejores alimentos y los más inspeccionados del mundo", aseguró.
Por otro lado, Barrachina indicó que las competencias en el control del etiquetado recaen en la Conselleria de Sanidad en el caso de la Comunitat Valenciana. "Es tristísimo que un ministro de España no sepa cuáles son las competencias en cada comunidad autónoma. Se le respondió por escrito y no deben haberle pasado la carta el pasado año. Aquí no se encarga la Dirección General de Consumo, sino Sanidad. Y Sanidad hizo 47.000 análisis sobre el etiquetado en 2025", explicó.
Además, Barrachina afirmó que, también en 2025, la Conselleria de Agricultura revisó más de 6.500 alimentos en cerca de 700 inspecciones antes de que el producto llegue a los lineales. "Nosotros hacemos todos los años miles de controles sobre alimentos, miles" y "todo el sector agroalimentario sabe que tenemos una presencia constante", insistió. El conseller cree que la Comunitat Valenciana es "de los territorios de España que más inspecciones hace" y considera que "es preocupante que (Bustinduy) no lo sepa".
Falta de actuaciones
A juicio del ministro, esa "falta de actuaciones" supone un "doble riesgo" porque dificulta la coordinación nacional y cooperación entre administraciones, lo que podría generar incidencias ante posibles auditorías por parte de la Comisión Europa, y podría suponer un "menoscabo" para las personas consumidoras e incluso un "agravio" para el sector agrícola.
Además, afirma que la Dirección General de Consumo ha remitido "siempre en tiempo y forma" las propuestas de actuación a la Generalitat sin obtener respuesta. También señala que la Dirección General de Consumo y la Secretaría General de Consumo ha enviado diferentes solicitudes y reclamaciones sobre esta cuestión.
Por eso, Bustinduy insta a la Generalitat a informar cuál es la autoridad competente para esta labor de control oficial en la Comunitat Valenciana, para evitar que esta situación se tenga que reconducir como un "conflicto negativo" de competencias, y que acredite así el cumplimiento de los requisitos de vigilancia de la cadena alimentaria.
La semana pasada, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 visitó Sueca (Valencia), en la Comunitat Valenciana, e instó a la Generalitat a que persiguiese el engaño sobre el origen del arroz y los etiquetados que pueden inducir a error al consumidor, una denuncia que se ha dado desde organizaciones agrarias como La Unió, que señalan que estas prácticas agravian al agricultor local y valenciano al ocultar el origen real del producto, según recoge el Ministerio.
"Más propaganda que colaboración"
"Nosotros hacemos todos los años miles de controles sobre alimentos, miles" y "todo el sector agroalimentario sabe que tenemos una presencia constante", insistió Barrachina. El conseller cree que la Comunitat Valenciana es "de los territorios de España que más inspecciones hace" y considera que "es preocupante que (Bustinduy) no lo sepa".
El titular de Agricultura ha manifestado que lo que debe hacer el ministro es "admirar en lugar de criticar la labor inspectora de la Comunitat Valenciana y dejar de situar la duda en nuestros clientes nacionales e internacionales que deben saber que están consumiendo los mejores alimentos y los más inspeccionados del mundo".
"Nada que ver con esa carta que lamentablemente hemos conocido hoy a través de la prensa de un ministro de Pedro Sánchez dedicado más a la propaganda que a la colaboración con el resto de administraciones", apostilló.
En esa misma línea, Barrachina recriminó que el ministro se dedique, "en lugar de a pedir colaboración, a publicitar datos erróneos que inducen a dudar sobre los mejores alimentos del mundo, que son los valencianos, que están fiscalizados y vigilados como los que más". "Es tristísimo que la comunicación sea epistolar y que nos enteremos por la prensa de que nos envía cartas", lamentó.
Con todo, Barrachina advirtió que las palabras del ministro pueden "generar dudas" en los clientes de las exportaciones agroalimentarias valencianas, que son "fundamentalmente extranjeros". Barrachina subrayó que "alguien que trabaja para todos los españoles y no para un partido político, sea Sumar o el Partido Socialista, debería saber esto" y ha pedido "rigor".
Sin Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario
Cabe recordar que el afán del gobierno valenciano por "eliminar grasa" de la Administración se tradujo en el desmantelamiento de varias entidades. Una de ellas fue la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario (AVICA), tal y como publicó ValenciaPlaza. Esta agencia tenía capacidad de intervenir ante el fraude alimentario si se consideraba que este afectaba o iba en contra de la Ley de la cadena agroalimentaria, entre otras funciones.
Precisamente, la persecución del fraude en el etiquetado fue el objeto de confrontación la semana pasada entre el Consell y el Gobierno. Bustinduy instó a la Generalitat a ejercer sus competencias en este ámbito y perseguir el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano mediante la realización de controles y, en su caso, sancionando estas u otras posibles prácticas fraudulentas.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, justificó la inexistencia de un control sobre el etiquetado del arroz por parte de la Generalitat al afirmar que no hay una norma europea que obligue a concretar la procedencia. "Cada producto tiene su normativa", señaló el conseller, que incidió en que desde el Consell han apelado a la Comisión Europea sobre "la necesidad" de que aparezca el origen de estos productos. "No aparece porque la normativa europea no lo reclama", insistió.
La respuesta de la Conselleria se centró en la ausencia de una obligación europea de indicar de forma general el origen del arroz, pero no entra de lleno en la cuestión planteada por el Ministerio, que se refiere a las competencias autonómicas para inspeccionar y sancionar posibles prácticas que induzcan a error sobre la procedencia del producto.
