VALÈNCIA. (EFE) La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, se ha mostrado crítica con las reformas legales que promueve el Gobierno y que prevén cambios en el acceso a la carrera judicial y transferencia de funciones de jueces a fiscales porque, a su juicio, algunas causas que han afectado al Ejecutivo podrían no haberse instruido en caso de haber dependido de la Fiscalía.
“Los jueces y los fiscales son un colectivo siempre discreto, al margen de los vaivenes políticos, como debe ser, pero no han tenido más remedio que protestar. La reforma que promueve el ministro Bolaños para el acceso a la carrera judicial y respecto al Estatuto del Ministerio Fiscal atentan contra la separación de poderes y ponen en riesgo la independencia judicial. En definitiva, pone en riesgo un periodo de paz democrática desde la Constitución, y es muy triste”.
En los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados, Martínez advertía que incluso recientemente la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, “ponía el foco en la importancia de la división de poderes y se lamentaba por estas injerencias”.
“Hablo por todo el Consell cuando digo que no estamos de acuerdo con esas reformas" y "esperamos que se replanteen", ha dicho la consellera, para quien no es posible que se hagan reformas de ese calado sin contar con el resto de grupos parlamentarios o asociaciones profesionales, "porque incluso las más progresistas están protestando. No se pueden dinamitar los principios de mérito y capacidad en el acceso a la carrera judicial”.
A juicio de la consellera valenciana de Justicia “no es el momento adecuado para esas reformas” debido a la “gran cantidad de asuntos que afectan a miembros del Gobierno e incluso a familiares del presidente. Es macabro plantear ahora esas reformas legislativas”.
Martínez recuerda que la Fiscalía actualmente en España es un cuerpo jerarquizado "cuyo mando superior es elegido por el Gobierno" y sostiene que las reformas que promueve el Gobierno en las actuales circunstancias "no vienen a modernizar la Justicia, sino a colonizarla".
Ha destacado además que en el resto de países de nuestro entorno "al fiscal general del Estado no lo elige el Gobierno. La gente está harta, y si los políticos perdemos el foco y dejamos a las personas al margen no estamos haciendo nuestro trabajo. Si estamos siempre peleando la gente desconecta, y llegamos a un punto de no retorno”.
Por ello, la consellera entiende que “no podemos decir que los cambios en el Estatuto Fiscal obedecen a una convergencia con Europa. La dependencia jerárquica del Ministerio Público condiciona todo en España. Hay que alzar la voz contra estos cambios. Seguramente hay cosas que cambiar, pero la separación de poderes y la independencia del poder judicial son esenciales para evitar que este país se convierta en una república bananera”
