VALÈNCIA. En la Comunitat Valenciana se practicaron durante el año 2024 cerca de 10.000 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE). En concreto, un total de 9.968, de las cuales en torno a 7.500 se sufragaron con fondos públicos. No obstante, la mayoría de estas últimas - poco más de 6.500 - se realizaron en clínicas privadas. 

En este sentido, cerca del 87% de los abortos que se realizaron a nivel autonómico durante el pasado ejercicio y cuyo coste asumió la Administración pública fueron derivados a clínicas privadas. Así lo reflejan los datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad a la diputada de Compromís en Les Corts, Mónica Álvaro, a través de una respuesta parlamentaria. 

Si se analiza la situación por departamentos de salud, los datos señalan a Orihuela, Elda, Elche y Elche-Crevillent como las áreas en las que no se acometió ningún aborto en centros públicos a lo largo del pasado año, por lo que las 1.232 IVE que se acometieron en estos cuatro departamentos se practicaron en centros privados. Cabe resaltar que casi un millar de ellas fueron sufragadas por la Generalitat Valenciana. 

Más allá del hecho de que en las citadas áreas no se practicó ni un solo aborto en centros públicos en 2024, lo ciero es que la tasa de derivación fue superior al 90% en 19 de los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana. Dicho de otro modo, en la gran mayoría de áreas se derivan al menos 9 de cada 10 abortos de la sanidad pública valenciana a centros privados. 

Más equilibrada es la situación en el departamento de salud de Alcoy, donde 107 de las 211 IVE pagadas con dinero público, el 50,7% del total, se realizaron finalmente en clínicas privadas. Una tasa que roza el 25% en Xàtiva-Ontiyent y Requena, mientras que en Vinaròs apenas supera el 6%. Respecto a este último departamento, cabe resaltar que durante el pasado ejercicio se realizaron 164 abortos, de los cuales 146 fueron sufragados con fondos públicos y apenas 9 se derivaron a la privada.

Utilizar una "excepción" como "norma general"

Álvaro considera que el Consell está utilizando "como norma general" la opción de la derivación, que se contempla como "una excepción en la ley". Una decisión que, a su juicio, acaba perjudicando a las mujeres: "Son delegadas a clínicas alejadas de su departamento y que no cuentan con las garantías que ofrece el Sistema Nacional de Salud", apunta la parlamentaria, que también pone de relieve el "sobrecoste" de entre 12 y 172 euros de cada aborto que se deriva a la sanidad privada.

En esta línea, insiste: "Tampoco puede pasarse por alto que hay cínicas en las que se realizan estas intervenciones quirúrgicas sin sedación con el consiguiente sufrimiento que ello conlleva para la mujer". Además, respecto a los 82 profesionales objetores de conciencia del aborto voluntario hasta la semana 14, la diputada remarca que el Registro de Objetores sirve para "garantizar" la existencia de personal disponible en hospitales públicos para practicar abortos: "Cuando no se efectúan es porque lo que falla son las directrices políticas", apostilla Álvaro.