VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Paterna se muestra abierto a estudiar y evaluar un nuevo proyecto de Puerto Mediterráneo, la iniciativa que promueve la construcción de un macrocentro comercial y de ocio en el municipio, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la caducidad del expdiente por parte del anterior Consell del Botànic. Y es que lo más probable es que la iniciativa se tenga que redefinir a la vista de que ha pasado más de una década desde que se inició la tramitación del expediente, y el escenario ha cambiado, así como los hábitos de la sociedad y los consumidores, unos cambios que están dispuestos a analizar desde el consistorio si atienden a las necesidades de la localidad.

Este desarrollo, que en una última versión proponía un espacio comercial y de ocio sobre una superficie de 375.000 metros cuadrados con una inversión 860 millones de euros, había quedado enterrado por parte del anterior gobierno de Ximo Puig, que tumbó el expediente, pero una sentencia del alto tribunal valenciano ha anulado esta suspensión, obligando a la Generalitat Valenciana a tramitarlo.

Por ahora, no se ha producido ningún movimiento en firme por parte de sus impulsores, el grupo español Eurofund, tras la quiebra de sus socios de la británica de Intu, pero sí que han habido en los últimos meses tanteos y reuniones informales con la Administración para saber cómo encauzar el proceso. El propio presidente de Eurofund, Ian Sandford, reconocía en 2023 que el proyecto se modificará, dado que las preferencias y prioridades han cambiado, por lo que el espacio comercial podría ser más pequeño, además de adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad. Y en esa remodelación y refinición se ha estado trabajando, además de conocer las sensibilidades de la Administración a la hora de volver a iniciar el periplo administrativo, según ha podido saber Plaza.

En este sentido, y preguntados al respecto, desde el consitorio de Paterna, aseguran que el contexto ha cambio y, por tanto, entienden que el nuevo proyecto deberá adecuarse a las nuevas circunstancias, pero admiten no conocer el detalle de los planes de la compañía. En cualquier caso, remarcan que si el planteamiento se adecúa a las necesidades del municipio, lo estudiarán y apoyarán. De hecho, cabe recordar que el actual alcalde del municipio, el socialista Juan Antonio Sagredo, siempre ha apoyado la inicitiva como un revulsivo para el municipio.

Sin embargo, habrá que esperar a los movimientos de la compañía. Solo el hecho de que recurriera la anulación del proyecto y los encuentros informales con la Administración ya evidencian que existe una voluntad por retomar Puerto Mediterráneo. Además, la mayoría del suelo en la zona de Les Moles en donde se proyectó el complejo son propiedad de la firma, por lo que querrá darle salida en un momento de máxima ebulición del mercado inmobiliario valenciano.

También, la operación estará condicionada a futuras alianzas que pueda conseguir Eurofund. Cabe recordar, que en un principio el proyecto fue promovido por la sociedad Intu Found Valencia, formada por el grupo español y la británica Intu, que quebró en 2020 al no poder hacer frente a una deuda que superaba entonces los 5.000 millones de euros al cambio. En un principio, Eurofund barajó la posibilidad de comprarle a Intu su parte en Puerto Mediterráneo, como hizo con el centro comercial que ambas compañías desarrollaban en Torremolinos, pero finalmente esa opción se descartó. Por tanto, deberá decidir si busca nuevos socios o si, por el contrario, decide continuar en solitario.

Anulación de la caducidad del proyecto

El resurgir de la actuación es consecuencia de la decisión del TSJCV de anulado la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del proyecto, aprobada por el Consell del Botànic en 2021, lo que obliga al actual gobierno autonómico del PP a tramitarlo. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, el alto tribunal valenciano considera que la anulación del procedimiento de este proyecto fue indebida por parte del gobierno de Ximo Puig, por lo que exige que se "continúe la tramitación".

Fue en 2021, cuando el Consell anterior lo enterró, después de que la sociedad promotora Intu Found Valencia no consiguiera depositar la garantía de un millón de euros que le exigía la Administración valenciana para seguir adelante con la tramitación. Un montante que para el ejecutivo era condición necesaria, ya que era un requisito que se recogió en el acuerdo que selló la compañía con el Consell en 2013, por el cual se calificó este desarrollo como Actuación Territorial Estratégica, figura urbanística que ya no existe en el ordenamiento valenciano. Al no cumplir con el pago, el Consell declaró la caducidad del expediente y lo archivó.

Esta decisión fue recurrida por sus impulsores que defendían que habían presentado una garantía real mediante hipoteca unilateral a favor de la Conselleria el 5 de mayo de 2021, adjuntando un informe de tasación. La Administración consideró que esta garantía real no se ajustaba a los términos requeridos. Sin embargo, la Sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo considera que la ley permitía expresamente la constitución de garantía real o financiera según la legislación urbanística. Por lo tanto, rechaza el argumento del anterior gobierno y declara la validez de la garantía hipotecaria presentada por la compañía, anulando la caducidad de la ATE y obligando a retomar el proyecto.

La resolución no era firme y cabía recurso de casación, pero la Generalitat Valenciana decidió acatar la decisión judicial y no recurrir. Por tanto, ahora se abre un nuevo escenario en caso de que la empresa quisiera retomar el desarrollo.