Comunitat Valenciana

Pérez Llorca activa el mecanismo interno del PPCV para suspender de militancia a Jorge Bellver

  • El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
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VALÈNCIA (VP/EP). El president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que este lunes pidió al partido "activar lo que marcan los estatutos" después de que la Audiencia Provincial de Valencia confirmase la situación de investigado en el caso Azud del actual director general de Transparencia, Jorge Bellver. Aunque el jefe del Consell ha pedido esperar a que sean los órganos internos del partido los que decidan la situación del exconcejal en el Ayuntamiento de València, ha apuntado que "lo lógico" sería que se le suspenda de militancia.

En esta línea, ha remarcado que "se aplicarán los estatutos sin ninguna excepción". Así lo ha manifestado a los periodistas tras participar en la inauguración de un encuentro informativo organizado por Europa Press. "Ayer mismo, cuando me enteré de la noticia, pedí a mi partido que activase lo que marcan los estatutos", ha explicado Llorca. Por tanto, ha indicado que este martes por la mañana se reunirá el Comité de Garantías y que, aunque no quiere adelantarse a los órganos independientes de su formación, "lo lógico es que se le suspenda de militancia del Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia".

Cuestionado por si Bellver seguirá como director general de Transparencia si se confirmara esa suspensión de militancia, el jefe del Consell ha señalado que él no "acotumbra a especular" y tiene "mucho respeto" por los órganos de su partido. "Se aplicarán los estatutos sin ninguna excepción", ha recalcado, por lo que ha pedido esperar a la resolución que se adopte.

La Audiencia confirmó este lunes la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo durante el gobierno municipal de Rita Barberá (PP) en el Ayuntamiento de València y actual director general de Transparencia, en el conocido como caso Azud, donde se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas ficticias.

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