VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Picanya ha aprobado la nueva tasa de basuras, una medida obligatoria por ley estatal que empezará a aplicarse en 2026 y que supondrá un coste medio de unos 125 euros anuales para las viviendas del municipio. La ordenanza salió adelante en un pleno extraordinario con los votos del PSOE, la abstención del PP y Vox y el rechazo de Compromís.

Hasta ahora, Picanya no contaba con una tasa específica de este tipo. La nueva normativa responde a la Ley de Residuos, que obliga a los ayuntamientos a repercutir a vecinos y empresas el coste real de la recogida y el tratamiento de la basura.

Según la propuesta aprobada inicialmente, el importe que pagará cada vivienda dependerá de su valor catastral. La mayoría del vecindario se sitúa en los dos tramos intermedios, con recibos de 108 y 156 euros al año. En el tramo más bajo, unas 900 viviendas pagarán alrededor de 37 euros anuales, mientras que en el tramo más alto la cuota asciende a casi 229 euros.

En el caso de los negocios, la tasa se fija por categorías. El pequeño comercio, que concentra buena parte de la actividad económica local, pagará unos 642 euros al año. Bares, cafeterías y restaurantes deberán abonar el doble, más de 1.280 euros, mientras que un número reducido de actividades consideradas grandes productoras de residuos pagará algo más de 5.100 euros anuales. La ordenanza también prevé que el primer año de aplicación no se cobre el importe completo. La tasa se empezará a devengar el 1 de marzo de 2026 y se prorrateará hasta final de año, en diez mensualidades.

"Hace pagar lo mismo a realidades muy distintas"

Desde Compromís Picanya, formación que votó en contra, señalan que, aunque la tasa es obligatoria, el modelo aprobado no distingue entre quien recicla y quien no lo hace ni tiene en cuenta la situación económica de las familias. Su portavoz, Guillem Gil, sostiene que el sistema “hace pagar lo mismo a realidades muy distintas” y no aplica de forma efectiva el principio de que quien más contamina, más paga.

El grupo municipal ha anunciado que presentará alegaciones durante el periodo de exposición pública para introducir bonificaciones sociales y ambientales, con el objetivo de reducir el impacto de la nueva tasa en colectivos vulnerables e incentivar un mejor uso del sistema de reciclaje.