VALÈNCIA (EFE). La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la Dana que se investiga en el juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada.
De forma subsidiaria, expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, esta defensa se posiciona respecto a la posibilidad de abrir una investigación penal al expresident Mazón que planteó la jueza instructora al alto tribunal valenciano.
El letrado de Pradas sostiene que los hechos investigados no son de naturaleza penal sino administrativa, de modo que "debe acordarse la clausura del presente procedimiento lo antes posible y dirigir el tiro al ámbito donde procede: el contencioso-administrativo".
Asimismo, subraya que "no es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima", sino que "para atribuir la responsabilidad por omisión es precisa la posición de garantía prevista por una norma y que lo que la norma prevea que debe hacer sea una acción que evite el daño que se ha producido".
Esta parte sostiene que "los hechos objeto de instrucción carecen de relevancia penal" porque "la pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de magnitud imprevisible, cuyo desarrollo vertiginoso anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva".
"Y la jurisprudencia penal, en estos casos, es clara, un fenómeno de fuerza mayor calificado por técnicos expertos como imparable e imprevisible en sus consecuencias concretas, está fuera de la órbita penal", sentencia el letrado de Pradas.
Además, niega que exista relación causal entre los posibles comportamientos omisivos y la muerte de 230 personas, ya que "el nexo causal se encuentra roto" por falta de información técnica, inacción informativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), irreversibilidad del riesgo, decisión unánime del envío del mensaje Es-Alert y falta de interpretación técnica de los datos.
Y en esta argumentación se acusa concretamente a la CHJ de "omitir información decisiva".
Responsabilidades compartidas
"En la exposición razonada, que por su extensión y nivel de detalle va mucho más allá de la petición de imputar a Carlos Mazón, no se analiza en absoluto una cuestión de especial importancia, ya que nuestra defendida no actuó de forma solitaria como única responsable de lo acontecido sino que formaba parte de un órgano colegiado de naturaleza institucional (en alusión al Cecopi), muy alejado del modo en que se actúa en el ámbito militar de mando único y obediencia disciplinada o a rajatabla", continúa el escrito.
Por otra parte, el letrado de Pradas sostiene -también en referencia a la exposición razonada de la jueza de Catarroja- que "después del envío del Es-Alert hubo 14 muertes, 9 de las cuales se produjeron incumpliendo los mensajes de protección que se había mandado a la población".
"Por lo tanto, eso implica que existe prueba de que en esos casos -y en otros que no es descartable sean similares- lo que causa los fallecimientos no es tanto la falta de información y avisos que se venían produciendo días antes, sino la magnitud de la riada y las inundaciones consiguientes", añade este letrado.
Por último, la defensa de Pradas insiste en otra de las cuestiones que más ha reiterado desde la apertura de la causa, que es que "una vez constituido el Cecopi, la dirección del plan fue ejercida junto con la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) en un comité de dirección".
