VALÈNCIA (EP). La exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas, investigada en la causa de la gestión de la dana, ha solicitado de nuevo a la magistrada instructora que requiera a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que aporte copia de todas sus comunicaciones del 29 de octubre de 2024 relacionadas con la emergencia.
La representación legal de la exconsellera ha presentado un recurso de reforma contra un auto de la jueza de Catarroja de 22 de julio en el que rechazaba la petición de Pradas de que se pida a Bernabé sus mensajes, aunque sí accedía a que los aporte de forma voluntaria el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
En su recurso, consultado por Europa Press, Pradas mantiene que "el tiempo transcurrido entre la declaración de una persona implicada en la emergencia y la solicitud de una diligencia relacionada con esta no debe tener influencia alguna en la decisión en cuanto a la pertinencia, necesidad y utilidad de su adopción".
A su parecer, la diligencia solicitada es "trascendente para el esclarecimiento de los hechos investigados, toda vez que las comunicaciones mantenidas por la delegada (...), en su condición de máxima responsable de la Administración General del Estado en la Comunidad Valenciana y miembro del Cecopi (y miembro del Comité de Dirección del mismo), resultan esenciales para determinar qué información circulaba entre las distintas Administraciones durante las horas críticas, cuál era el conocimiento real y cronológico sobre la evolución de la situación de riesgo en el Barranco del Poyo, y qué datos y advertencias se hallaban disponibles para la toma de decisiones por parte de los distintos actores institucionales".
Para la exconsellera, "no puede entenderse rechazada por parte de Bernabé la posibilidad de aportar voluntariamente comunicaciones en relación con la emergencia durante el día 29O distintas de las llamadas telefónicas, que es lo único que negó aportar en su momento".
"Desde aquella declaración testifical se han incorporado a las actuaciones numerosas comunicaciones de mensajería de los diferentes actores de la emergencia del 29 de octubre de 2024 --entre ellas, las conversaciones mantenidas vía WhatsApp entre la alcaldesa de València y la propia Bernabé--, que deben ser contextualizadas y completadas con las comunicaciones mantenidas por la delegada del Gobierno y el presidente de la CHJ, dada su posición institucional y su presencia en el Cecopi".
Argumenta que "la pertinencia" de su petición es "manifiesta", puesto que "las comunicaciones interesadas guardan relación directa con el objeto de la investigación, esto es, la gestión de la emergencia ocasionada por la dana y, más específicamente, el flujo de información entre las distintas Administraciones e instituciones públicas durante las horas críticas".
Barranco del Poyo
Pradas sostiene que "la utilidad resulta igualmente evidente: el conocimiento de dichas comunicaciones permitirá determinar de forma fehaciente qué información concreta circulaba en cada franja horaria, cuál era el conocimiento real, efectivo y cronológico existente sobre la evolución de la situación de riesgo, y, de manera especialmente relevante, los datos y advertencias de los que se disponía en relación con la evolución del caudal en el Barranco del Poyo".
Finalmente, cree que "la necesidad se justifica porque, sin dichas comunicaciones, el mapa de información que se pretende reconstruir en la instrucción queda incompleto y potencialmente sesgado, privándose a la defensa de elementos que podrían ser determinantes para contextualizar la actuación de la investigada durante la emergencia".
"Independientemente de que Bernabé y Polo no se hayan considerado responsables indiciariamente de los hechos investigados en este momento procesal, (...) su papel en la emergencia no puede ser ignorado, ya que fueron actores institucionales directamente implicados en la gestión de la emergencia", asevera.
