VALÈNCIA. Pasaban pocos meses desde el paso de la Dana por decenas de municipios valencianos cuando el entonces comisionado del Gobierno para la recuperación, José María Ángel, encargó un informe completo sobre el impacto de la catástrofe a un grupo de investigadores de la Universitat de València. Un "estudio potente", según fuentes conocedoras del trabajo, para el que se pidió a sus autores que "no escatimaran" en gastos a la hora de contratar investigadores y realizar los análisis pertinentes.
El trabajo, liderado por un profesor e investigador de la Universitat de València, contaba con la supervisión "desde el primer día" del entonces director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas del Comisionado y actual delegado del Gobierno, Roger Llanes, con la idea de que el documento estuviera listo para el mes de junio.
Al estar elaborado por figuras vinculadas a la Universitat, fue la oficina OTRI de esta institución la encargada de coordinar los trámites burocráticos y económicos para poder facturar los trabajos de elaboración del documento. Según las fuentes conocedoras del estudio, su coste se cifró inicialmente en 50.000 euros y, posteriormente, se acordó un desembolso de 60.000 euros por parte del Ejecutivo central. Un importe que permitía cubrir los honorarios de los investigadores y los trabajos necesarios en entrevistas y análisis: "Solo en tratamiento estadístico hay un gasto de 8.000 euros", desvelan fuentes cercanas a los investigadores.
Entre otras cuestiones, el documento analiza las personas bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), incluye un repaso por cuestiones cartográficas, estudia qué ocurriría si se sigue urbanizando en la zona Dana e incorpora 22 entrevistas a alcaldes de la zona afectada, así como miembros de asociaciones ciudadanas y empresariales. Un trabajo de campo tras el que se plantean 50 medidas de acción a corto, medio y largo plazo divididas en 10 paquetes.
No obstante, el tiempo fue pasando sin que el Gobierno firmase el contrato inicialmente pactado, dando "largas" hasta el punto que Ángel cesó y la situación recayó sobre la actual comisionada, Zulima Pérez. Por su parte, la Universitat de València celebró elecciones al Rectorado y Juan Luis Gandia tomó el testigo de Mavi Mestre como líder de la institución. Este periódico contactó el pasado viernes con la Universitat de València y la Delegación del Gobierno para obtener sus respectivas versiones en torno a este asunto, pero no ha obtenido respuesta al respecto.
En cualquier caso, estas mismas fuentes aseguran que la oficina OTRI de la universidad "hablaba con Delegación" para tratar de resolver el trámite contractual "y no les hacían ni caso". Finalmente, aseveran, el Ejecutivo terminó ofreciendo un contrato menor de 15.000 euros, "pero los meses pasaron y no se llegó a firmar ni eso". Fuentes cercanas a los investigadores explican que el equipo coordinador incluso fue a entregar el informe a la Delegación pese a la negativa de firmar el contrato, aunque finalmente se remitió por correo electrónico.
Ante el bloqueo de las conversaciones entre ambas instituciones, los investigadores decicieron finalmente presentar el informe. De hecho, se llegó a difundir una convocatoria de presentación para el próximo jueves en la Facultat d'Economia de la Universitat de València, coincidiendo con el segundo aniversario de la catástrofe. Fue entonces cuando, según las fuentes consultadas, la Delegación del Gobierno empezó a mostrar interés por rubricar el contrato.
Estos movimientos han frenado la presentación de este estudio, que apunta que se desvelará tras las próximas elecciones generales. "Estamos dolidos por la sociedad valenciana, ha sido una burla", apuntan fuentes cercanas a la elaboración del documento, que consideran que desde el Ejecutivo central únicamente querían el informe "para un titular de prensa" sin "hacer caso" a su contenido. "El profesorado valenciano y la sociedad valenciana han sido estafados", apostillan.
