VALÈNCIA. Los sindicatos calientan motores para la huelga general del 11 de noviembre. Las organizaciones sindicales CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS han situado el bloqueo de la negociación colectiva y la resistencia de las empresas a mejorar las condiciones laborales entre los principales motivos del paro convocado para este miércoles.
Los seis sindicatos han elaborado un manifiesto conjunto dirigido a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en el que denuncian la falta de compromiso de la patronal con los avances sociales y laborales y reclaman un cambio de actitud para garantizar unas condiciones de trabajo dignas.
El documento, fechado este lunes 9 de noviembre, recoge seis grandes ámbitos de reivindicación que las organizaciones sindicales consideran prioritarios para mejorar la situación de la clase trabajadora. Entre ellos figuran el desbloqueo de los convenios sectoriales, la actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales, la reducción de la jornada, la mejora de los salarios, el desarrollo de los planes de igualdad y una redistribución más justa de la riqueza.
Cabe recordar que el eje y motor principal de esta huelga radica en la crisis de la vivienda, una reivindicación que estalló con el caso de Maricarmen. Por este motivo, el paro convocado este miércoles en toda España está promovido también por diversas asociaciones de defensa del derecho a la vivienda.
Precisamente, este lunes en València se ha celebrado una marcha por este motivo que arrancó frente a la sede de la CEV y terminó frente a la Conselleria de Vivienda. En ella han participado representantes de las seis organizaciones sindicales, acompañados por el Sindicat de Llogateres y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El objetivo era trasladar el manifiesto a la dirección de la CEV y, posteriormente, llevar sus reivindicaciones hasta la Conselleria de Vivienda.
En el manifiesto, las organizaciones sindicales sostienen que las rentas del capital no pueden seguir creciendo a costa de "la vida, la salud y la dignidad de la clase trabajadora". También advierten de que la falta de avances en las negociaciones laborales y la oposición empresarial a determinadas reformas justifican, a su juicio, la convocatoria de una huelga general.
El desbloqueo de los convenios y la recuperación salarial
Una de las principales exigencias se dirige a la negociación colectiva. Los sindicatos denuncian la falta de voluntad empresarial para alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales y reclaman incrementos salariales suficientes, así como cláusulas de revisión que protejan los sueldos frente a la inflación.
El objetivo, según recoge el documento, es recuperar el poder adquisitivo de las plantillas y evitar que la negociación de los convenios sectoriales se convierta en un espacio de bloqueo. Las organizaciones consideran que la negociación colectiva debe funcionar como una herramienta efectiva para mejorar los derechos de los trabajadores.
En materia retributiva, también reclaman un mayor compromiso con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y denuncian las prácticas de absorción y compensación salarial que, según sostienen, neutralizan en la práctica las subidas del salario mínimo e impiden que estas mejoras lleguen efectivamente a los trabajadores. Por ello, piden salarios dignos, especialmente en los sectores con mayores niveles de precariedad, y mecanismos que los protejan frente a la inflación.
Menos jornada y eliminación de los turnos partidos
La reducción del tiempo de trabajo constituye otro de los ejes del manifiesto. Los sindicatos rechazan la resistencia empresarial a avanzar en esta materia y defienden que una jornada más reducida permitiría repartir mejor el empleo, disminuir la fatiga, mejorar la salud laboral y facilitar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.
La reivindicación va más allá de la reducción de horas. Las organizaciones también exigen avanzar en la eliminación de las jornadas partidas y en una ordenación del tiempo de trabajo que consideran más justa.
A estas demandas se suma la actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos denuncian las resistencias a modernizar el marco legal y reforzar las exigencias de seguridad y salud en los centros de trabajo. En este sentido, sostienen que la protección de la vida y la salud de las plantillas no puede quedar subordinada a los intereses económicos de las empresas.
Planes de igualdad y redistribución de la riqueza
El manifiesto también dedica un apartado específico a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Las seis organizaciones denuncian los obstáculos empresariales a la negociación, implantación y seguimiento de los planes de igualdad, así como la falta de avances para eliminar las brechas salariales, la segregación ocupacional y las discriminaciones que siguen afectando a las mujeres en el ámbito laboral.
Frente a esta situación, reclaman planes de igualdad que vayan más allá de su aprobación formal y cuenten con medidas concretas, recursos, seguimiento y evaluación. Entre sus objetivos incluyen garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados y erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en los centros de trabajo.
El último de los grandes bloques de reivindicación se centra en la distribución de la riqueza. Los sindicatos consideran que el crecimiento de los beneficios empresariales no está teniendo un reflejo suficiente en las condiciones de vida de los trabajadores. En particular, denuncian las dificultades para conseguir mejoras salariales, el abuso de la subcontratación y la resistencia a regular y mejorar las condiciones laborales de sectores esenciales.
"La riqueza que genera la clase trabajadora ha de revertir en salarios, derechos y bienestar colectivo", recoge el manifiesto, que reclama que la prosperidad económica no se construya sobre la siniestralidad laboral, los salarios insuficientes, la precariedad, las desigualdades y la pérdida continuada de poder adquisitivo.
Con este conjunto de reivindicaciones, las organizaciones sindicales reclaman formalmente a la CEV que desbloquee la negociación colectiva y los convenios sectoriales, facilite incrementos salariales que permitan recuperar poder adquisitivo, respalde las reformas necesarias para reforzar la seguridad y la salud laboral y avance en la reducción de jornada y la eliminación de las jornadas partidas.
También exigen que los incrementos del SMI tengan un "efecto real sobre las nóminas" y que las empresas cumplan y "desarrollen los planes de igualdad".
El documento concluye con un llamamiento a secundar la huelga general del 11 de noviembre, que las organizaciones presentan como una respuesta al bloqueo de las reivindicaciones laborales. "Hay mil motivos para luchar. El 11 de noviembre paramos los centros de trabajo, las empresas y llenamos las calles", señalan los sindicatos, que resumen su convocatoria con un mensaje: "Sin nosotros no hay actividad económica ni beneficios".
Protesta ante la Conselleria de Vivienda
Tras la entrega del documento con las reivindicaciones a la CEV, la marcha se ha desplazado después para situarse durante unos minutos ante la sede de Les Corts, donde los participantes han clamado contra los "recortes" de servicios públicos.
A continuación, la manifestación ha seguido hasta la sede de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, donde se han coreado mensajes como 'tindre sostre no és un luxe, és un dret universal' (tener techo no es un lujo, es un derecho universal) o 'Cap desnonament sense resposta' (ningún desahucio sin respuesta).
Varios integrantes de la PAH y del Sindicat de Llogateres han entregado un escrito a representantes de la Conselleria en el que movimientos sociales piden "parar los desahucios de manera indefinida"; bajar los precios de alquiler y establecer los contratos de alquiler como indefinidos, a través de una regulación que ataque los beneficios de rentistas y especuladores; expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación, turística e inmobiliaria, para crear un parque de vivienda desmercantilizado; prohibir la compra de vivienda con fines especulativos y limitarla al uso residencial e ilegalizar las empresas de desocupación y acabar con el acoso".
"No puede ser que el alquiler esté desorbitado y haya desahucios todos los días"
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Eva García, ha destacado que, con estas movilizaciones, se conseguirá "que el derecho a la vivienda esté por delante del derecho a la especulación". "Se ha acabado el rentismo aquí en la Comunitat Valenciana. Vamos a estar, gobierne quien gobierne, peleando las inquilinas, el Sindicat d'Habitatge, la PAH y Entre Barris por toda la ciudadanía y todas las personas que estamos viviendo en este territorio".
El portavoz de la PAH y de los movimientos integrados en la Mesa de Vivienda, José Luis González, ha advertido que "la falta de vivienda está poniendo en duda la propia convivencia democrática y los fundamentos de una sociedad en la que podamos convivir todo el mundo".
"No puede ser que los precios del alquiler estén desorbitados, que se desahucien familias todos los días, que se venda vivienda del parque valenciano para especular, que en este momento el parque público de vivienda sea una miseria. Pensemos que, además, la banca rescatada, que nos costó más de 70.000 millones de euros, no lo devuelve. Por tanto, hay que expropiar las viviendas de la banca rescatada y todos aquellos que están haciendo especulación tanto inmobiliaria como turística", ha sostenido.
"La vivienda no debe convertirse en un arma electoral"
González ha subrayado que la Generalitat tiene "todas las competencias" en materia de vivienda y que "no se puede estar contra la Constitución, no se puede estar contra el Estatut d'Autonomia, los tratados internacionales y contra los derechos humanos".
Así, ha manifestado que la huelga general de este 11 de noviembre debe constituir un "punto de inflexión" para que se presente un plan que entienda la vivienda como un derecho y no como "un elemento de mercantilización y un activo financiero".
Además, ha añadido que también tienen su parte de responsabilidad el Ayuntamiento de València y el Gobierno central, cuya Ley de Vivienda "no está resolviendo los problemas".
Respecto a cómo cree que será la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria, José Luis González ha indicado que percibe un "ambiente positivo" y ha realizado un llamamiento a la participación, antes de recordar que la huelga es productiva pero también de consumo. Se han convocado manifestaciones a las 18 horas en València, Alicante, Castelló y Elx.
Asimismo, ha mostrado preocupación por la "ideologización terrible" y "reduccionista" que existe tanto sobre la convocatoria como sobre el problema del acceso a la vivienda.
"Las organizaciones de vivienda exigimos que nuestras demandas no se entienden como una estrategia politiquera. Entendemos que el derecho a la vivienda lo tienen todas las personas, voten o no voten o voten a la opción que sea", ha remarcado, antes de exigir que "el derecho a la vivienda no se convierta en un arma electoral sino en un arma de derechos humanos y un arma de transformación de las políticas prácticas, porque gobierne quien gobierne vamos a exigir el derecho a la vivienda".
