VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha sacado a consulta pública previa el proyecto de decreto del Consell que desarrollará las categorías de facultativo especialista investigador y enfermero especialista investigador dentro del régimen del personal estatutario del Sistema Valenciano de Salud. Se trata de un paso previo para ordenar de forma completa estas figuras profesionales, creadas legalmente este año pero aún sin desarrollo reglamentario.

La iniciativa supone retomar una línea de trabajo ya anunciada en 2022, cuando el departamento, entonces liderado por Miguel Mínguez, abrió un proceso similar con el objetivo de integrar la investigación en la práctica asistencial y mejorar el reconocimiento y la estabilidad laboral del personal investigador vinculado a los departamentos de salud. Aquel intento, sin embargo, no llegó a materializarse en una norma efectiva.

El nuevo texto sometido ahora a consulta pública previa tiene como finalidad cubrir la “ausencia de una ordenación adecuada y completa” de estas categorías estatutarias, según recoge el documento publico por el departamento de Marciano Gómez. El futuro decreto deberá regular aspectos clave como el acceso a los puestos, las funciones, la adscripción profesional, la evaluación del desempeño, así como la jornada y el régimen retributivo, dentro del marco normativo vigente.

El desarrollo normativo se apoya en la Ley 1/2025, aprobada el pasado mes de abril, que creó formalmente estas categorías profesionales. Sanidad considera necesario culminar ahora ese proceso para permitir su despliegue real en el seno del sistema público valenciano de salud.

Uno de los objetivos centrales de la norma es facilitar la integración del personal clínico-investigador procedente de los programas Juan Rodés y Río Hortega, impulsados por el Instituto de Salud Carlos III, así como de otros profesionales que acrediten una formación sólida tanto en asistencia clínica como en investigación.

Con esta medida, la Conselleria busca avanzar en la consolidación de perfiles mixtos asistenciales e investigadores dentro del sistema sanitario público, ofreciendo mayor estabilidad a unos profesionales que hasta ahora han desarrollado su labor mayoritariamente a través de fórmulas contractuales temporales o externas al estatuto sanitario.