VALÈNCIA. Han pasado siete meses desde que el Gobierno central creara un comité de expertos para la reconstrucción. Un grupo de especialistas coordinado por la profesora en Derecho Constitucional y ex alto cargo del Consell de Ximo Puig, Zulima Pérez, que pudiera "reflexionar" con propuestas metodológicas y científicas para poder dar respuesta a las consecuencias de la Dana, en palabras del entonces comisionado para la reconstrucción, José María Ángel. Sin embargo, hasta hoy, dimitido el comisionado por la crísis de los currículums y sustituido por Pérez, poco más se ha conocido de los trabajos que ha llevado a cabo el equipo.

¿Qué ha sido de tan loable fin? Podría decirse que el grupo, conformado por 33 miembros, desde técnicos hasta agentes sociales y representantes de la sociedad civil, ha estado trabajando en la sombra para asesorar al Ejecutivo central en la recuperación de las zonas afectadas en diferentes ámbitos en los que se articuló el comité: desarrollo económico, territorio y urbanismo, ingeniería rural y agroalimentación, geología, medio ambiente y emergencia climática, infraestructuras, salud mental, igualdad... Y más allá de los primeros encuentros de presentación, ampliamente difundidos en medios de comunicación, los trabajos se han realizado de manera sectorial.

En su momento, el comisionado de la Dana aseguró que en junio habría un documento de conclusiones pero lo cierto es que poco se sabe de él. Hay varios informes de diferentes áreas sobre la mesa pero se desconoce para qué se han utilizado. En algún caso, el documento está realizado pero pendiente de recepción por el Gobierno. La nueva comisionada de la Dana y hasta ahora coordinadora del grupo de expertos, Zulima Pérez, explica que el comité estaba pensado para que "acompañara en la reconstrucción". "Nos han acompañado y hecho aportaciones, tenemos muchos informes que han servido al Gobierno en la toma de decisiones", expone al respecto.

Así pues, la ex coordinadora del grupo -el Gobierno busca ahora un sustituto- asegura que la idea no era que las labores del equipo se acotaran a la elaboración de un documento definitivo, sino que funcionara como "apoyo" a las tareas de reconstrucción del Ejecutivo central. "Algunos informes se han utilizado más, otros en alguna de sus partes", explica Pérez, quien insiste en que sus aportaciones sí "se tienen en cuenta". Sin embargo, se desconoce ahora si habrá un documento definitivo "que aglutine todo". "No es una prioridad", apunta la comisionada, para añadir que hay áreas que han "trabajado de manera transversal" al tiempo que destaca que el grupo también ha servido para "poner en contacto" a responsables de diferentes materias con los propios expertos. Por el momento, a finales de septiembre o principios de octubre se espera la convocatoria de una reunión conjunta de todo el comité, la primera tras seis meses de trabajo en paralelo.

En su presentación, Ángel aseguró que el documento contendría una serie de conclusiones y "reflexiones" que servirán para abordar y "repensar" desde "diversas temáticas" los "retos" que dejó la dana, así como para "dar respuestas" en "conjunto". Están presentes figuras como el que fuera director general de Urbanismo en el primer mandato de Puig, el abogado Vicent García Nebot; el ex comisionado de presidencia en Salud Mental durante la pandemia, el catedrático de Psicología Rafael Tabares; o el arquitecto Gerardo Roger, que también ocupó la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio hasta 1995.

Medidas en urbanismo o economía

Son numerosas las medidas propuestas en el seno del grupo de expertos. Y aunque por el momento no se van a hacer públicas, dos de los especialistas consultados por este diario han trazado algunas de las líneas importantes en materia de urbanismo o desarrollo económico: el propio ex director general de Urbanismo, Vicent García Nebot, miembro del área de urbanismo y territorio; y el catedrático de la Universitat de València (UV) José Manuel Pastor, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) e integrante del área de desarrollo económico.

Uno de los aspectos que se ha tratado es la reducción del riesgo para los bienes materiales y personas de cara a posibles inundaciones. En ese sentido, desde el área de urbanismo se ha planteado una modificación de las ordenanzas municipales para incluir en ellas la obligatoriedad de nuevos requisitos de construcción. "Algunos de los edificios afectados por la riada han de ser sustituidos pero otros han de ser recuperados, y lo que hemos hecho ha sido dar ideas de cómo deben ser: por ejemplo, no podemos poner de nuevo las máquinas de ascensores en la planta baja, o en zonas industriales hay que asegurar que los sistemas eléctricos y otros sistemas esenciales estén a una altura determinada", asegura en ese sentido Nebot.

Se trata, en muchos casos, de cuestiones que ya están recogidas en guías de construcción, por ejemplo del propio Ministerio de Transición Ecológica, asegura el ex alto cargo, pero la idea es garantizar que no sea de cumplimiento voluntario sino obligatorio en los municipios. "Por ahora son una guía pero hay que convertirlo en una norma", apunta Nebot, según el cual la aportación del equipo de expertos ha ido dirigida a elaborar unas directrices genéricas a las que podrían acudir los ayuntamientos para reformar sus ordenanzas locales, "adecuadas a cada municipio".

Por su parte, desde el área de desarrollo económico, el catedrático José Manuel Pastor destaca los trabajos realizados en informes cartográficos junto a expertos en geografía y sobre el nivel de riesgo de inundabilidad. Pero señala como una de las medidas a estudiar la necesidad de "incentivos" en materia de los seguros. Su papel, señala, es "fundamental" y las compañías de seguros "deben graduar las primas en función del riesgo y teniendo en cuenta si se han hecho o no medidas de rehabilitación para aumentar la resiliencia".

Al final, insiste en que muchos municipios de la 'zona cero' están en zonas inundables, por lo que "no se puede decir que no se construya" por lo que las mejoras deben buscar la reducción del riesgo. "Todos dicen que lo que ha ocurrido, no es previsible que vuelva a ocurrir en los próximos 2.000 años, pero cuando se reconstruya la zona, hay que hacerlo de forma que se proteja lo máximo a las personas. En ese sentido, recalca que el papel que deben jugar los "incentivos a las empresas que lleven a cabo medidas de reducción del riesgo", por ejemplo en los seguros.