VALÈNCIA. La vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, aseguraba el pasado mes de enero que se estaba trabajando en las nuevas licitaciones de centros de gestión integral, ante las críticas de sindicatos y empresas por no estar los concursos en vigor. "Los contratos para centros de mayores se publicarán durante el primer trimestre de este año", señalaba. Sin embargo, los plazos no se han cumplido y ya, con el mes de mayo en su última semana y sobrepasado el segundo trimestre, no se han sacado a concurso los contratos vecidos de la treintena de residencias que permanecen cobrando por enriquecimiento injusto.

Una situación que se alarga, en algunos casos, desde 2017 y en la que tanto el Govern del Botànic como el actual han dejado correr el tiempo respecto a licitaciones que afectan a alrededor de 4.000 trabajadores entre residencias de mayores, atención a personas dependientes y centros de día. Mientras que los sindicatos cifraban en 33 los centros residenciales con el contrato vencido, desde la conselleria de Camarero señalan al menos 45, a 31 de diciembre de 2023, entre los diferentes modelos de atención asistencial. De éstos, aseguran que en 2022 ya había 35; en 2021, 31; en 2020, 23 centros y en 2019, 11 centros. "Se trata de una situación que el gobierno anterior no solucionó a medida que los contratos empezaron a finalizar", apuntaban fuentes de la conselleria de Servicios Sociales ante la denuncia de los sindicatos a principios de año. Sin embargo, los meses pasan y no salen los concursos.

Según señalaban los representantes de los trabajadores, una de las cuestiones que mantiene paralizadas las licitaciones por el momento es la aprobación del nuevo decreto de tipologías. Éste regula el funcionamiento de las residencias, marca normativa de espacios y ratios de personal para todos los centros. En el mes de abril, salía a información pública el borrador del proyecto del nuevo decreto, en el que se amplía el número de plazas máximas de las residencias de 120 —marcadas por el decreto del Botànic— a 150, lo que supone un 25% más de residentes respecto al anterior decreto. No obstante, varios asuntos clave del articulado quedan supeditados al desarrollo de órdenes, como las ratios de personal, uno de los quebraderos de cabeza en la constante modificación normativa e importante para evaluar el precio por plaza de los nuevos contratos.

A esto se suman los problemas del modelo de pago por enriquecimiento injusto, que retrasa el cobro, además del acuciante problema de la Generalitat por la falta de FLA extra que no llega del Gobierno. Desde el sector alertan de que la falta de concursos no solo genera inseguridad jurídica para las empresas gestoras, sino que impide actualizar las condiciones del servicio y mejorar la financiación.