VALENCIA (EP). La Sindicatura de Comptes destaca que "la celeridad" con la que se pusieron a disposición de la ciudadanía las primeras líneas de ayuda Dana del Consell constituye "un aspecto muy positivo", pero "como contrapartida" considera que su diseño "adolece de ciertas debilidades que comprometen la eficacia y la eficiencia en la aplicación de los fondos públicos, la igualdad de trato entre beneficiarios y la posibilidad de verificar, con base objetiva, que cada ayuda concedida respondió a una necesidad real y acreditada".
Así, se desprende de las conclusiones del informe de de fiscalización de las ayudas concedidas por la Administración de la Generalitat Valenciana y su sector público instrumental relacionadas con las medidas de recuperación y reconstrucción de los efectos provocados por la Dana el 29 de octubre de 2024.
La Sindicatura destaca que el sistema de ayudas Dana 2024 de la Generalitat valenciana constituyó "una respuesta rápida, de amplio alcance y tipológicamente diversificada ante una catástrofe de magnitud excepcional". En concreto, señala que hasta el 28 de febrero de 2026, la Generalitat Valenciana había convocado 45 líneas de ayudas por un importe total de 1.816 millones de euros destinadas a paliar los daños ocasionados por la Dana, de las cuales se habían pagado 1.093 millones, equivalentes al 60,1% del importe máximo convocado.
Este informe incluye un enfoque evaluador, y responde a dos preguntas de auditoría para determinar si la Administración autonómica ha concedido las subvenciones conforme a la normativa aplicable y si el diseño de las subvenciones y su tramitación han contribuido a paliar los daños ocasionados por la Dana de forma eficaz.
La Sindicatura ha analizado los ejercicios 2024 y 2025, y ha fiscalizado en detalle siete líneas que suponen el 80% de los pagos de las 45 líneas de subvención que tienen una finalidad relacionada con la recuperación tras la Dana.
Entre las conclusiones extraídas indica que la revisión de legalidad relacionada con los requerimientos del procedimiento de concesión, de las modificaciones presupuestarias y de la publicidad y transparencia no ha deparado ningún incumplimiento relevante.
"Factores de riesgo de incumplimientos"
Sin embargo, han identificado "un número significativo" de expedientes en los que concurren "factores de riesgo de incumplimiento de requisitos esenciales de elegibilidad, que deberán ser revisados en el marco de los planes de control posterior que exige la normativa".
Al respecto, advierte de que de confirmarse los indicios identificados como "incumplimientos efectivos procedería el inicio de los correspondientes procedimientos de reintegro". En algunos casos, la entidad ha verificado que "esos incumplimientos ya se han producido y deberán tramitarse los expedientes de reintegro".
Así, ha detectado 4.447 expedientes de ayudas por la pérdida de bienes de primera necesidad con indicios de posible incumplimiento del requisito esencial de elegibilidad haber sufrido daños en bienes de su vivienda habitual que representan el 16,2% de los concedidos y apunta que deben ser incluidos en el plan de control del órgano concedente.
Además, ha identificado 1.936 expedientes de vehículos siniestrados en los que no consta la baja definitiva en la Dirección General de Tráfico, requisito exigible para recibir la ayuda --lo que supone el 2,2% de los concedidos-- y que deben ser reintegrados.
Apunta también a otros 11.254 expedientes de vehículos siniestrados sobre los que no disponen de información suficiente sobre si han sido indemnizados por el Consorcio --el 13% de los concedidos-- y considera que este extremo será verificado por el órgano concedente en el marco del plan de control.
Resalta otros 4.665 expedientes de ayudas para mantenimiento de pymes y comercios en los que identifica algún factor de riesgo que aconseja su inclusión en el plan de control --el 57,7% de los concedidos--, y otros 1.226 expedientes de ayudas para el pago del alquiler a afectados en los que concurre al menos un factor de riesgo --el 93% de los concedidos--.
Por ello, plantea que el plan de control debería ampliarse a la totalidad de estos expedientes. Por otro lado, el informe recoge que el 75% de los encuestados consideran que el periodo transcurrido desde la solicitud de la ayuda hasta su cobro ha sido rápido.
Por ello, recomienda que la concesión de subvenciones por emergencias o catástrofes debería tener carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de cobertura de daños, público o privado, nacional o internacional, del que puedan ser beneficiarios los afectados.
Además, apunta a que la Generalitat Valenciana debería regular un marco normativo general en el que se establecieran los aspectos fundamentales de la concesión de ayudas en estas circunstancias.
