VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes ve margen de mejora en algunos aspectos de las ayudas estatales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tras haber fiscalizado las subvenciones para la digitalización del ciclo urbano del agua en municipios de menos de 20.000 habitantes, para la mejora de la eficiencia energética en viviendas y para la contratación de jóvenes investigaciones, concedidas entre 2022 y 2023.

En general, el órgano fiscalizador considera que la implementación de las ayudas evaluadas contribuye eficazmente al cumplimiento de los principios del plan, aunque detecta margen de mejora en la gestión del principio de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de interés y del principio de doble financiación, principalmente.

También reconoce que el diseño de estas ayudas permite vincular sus resultados con los objetivos generales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Sin embargo, advierte que la evaluación de los resultados será "muy limitada" al no haberse establecido indicadores que permitan medir el grado de consecución de todos los objetivos.

Al mismo tiempo, Sindicatura señala que por el momento no es posible obtener una trazabilidad real del grado de avance en la ejecución de las ayudas a través del sistema de gestión implantado para ello.

Como recomendaciones, insta a incluir indicadores de resultados, criterios de baremación de solicitudes o establecer controles internos adicionales para mitigar el riesgo de doble financiación, así como realizar análisis de riesgos de incumplimiento y contemplar controles sobre requerimientos específicos del MRR (medio ambiente, doble financiación, conflicto de interés...).

En cifras, las ayudas para la digitalización del ciclo urbano del agua contaron con 3,8 millones de euros tanto presupuestados como concedidos, de los que se beneficiaron 12 entidades locales y tres empresas.

Las subvenciones para actuaciones de rehabilitación y de mejora de la eficiencia energética en viviendas tuvieron un presupuesto de 55 millones de euros, de los que se adjudicaron 31 millones a un total de 946 beneficiaros (el 94% de ellos personas físicas.

Y el programa Investigo, de contratación de jóvenes demandantes de empleo en iniciativas de investigación e innovación, contó con 16,4 millones presupuestados y 15,5 millones concedidos, con 15 beneficiarios (universidades, fundaciones e institutos).