VALÈNCIA. La catástrofe provocada por la Dana el pasado 29 de noviembre fue de tal magnitud que la gran cantidad de perjudicados y familiares de víctimas constituye precisamente una de las complejidades de la causa judicial que instruye el juzgado de Catarroja. En ese sentido, el maremagnum social provocado por la tragedia ha cristalizado en varias asociaciones que han ido surgiendo con el paso de los meses y están canalizando las reivindicaciones de muchos afectados. Desde hace un mes, hay una mas.
No hay que olvidar la gran diversidad de damnificados por la barrancada: los hay quienes sufrieron numerosos daños materiales en sus viviendas, vehículos o negocios, los hay quienes experimentaron lesiones físicas, quienes han vivido una profunda herida psicológica y quienes perdieron a familiares, amigos, vecinos o conocidos -hay contabilizados 228 fallecidos-. O varias de estas circunstancias juntas. La azarosa combinación de experiencias y los diferentes enfoques sobre la responsabilidad de la catástrofe hacen del colectivo de "afectados" un auténtico crisol de sensibilidades.
Uno de los actores que desde bien pronto entraron en la escena post-Dana fue la asociación SOS Desaparecidos, especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, también en catástrofes como la Dana, y que está presidida por Joaquín Amills. Así, tras la catástrofe, y representando a familiares de unas 70 personas fallecidas en la tragedia valenciana, anunció que acudiría a la Audiencia Nacional, dado que también se habían registrado muertos en Letur por el fenómeno meteorológico.
Más tarde, y dado que había habierto procesos judiciales tanto en la Comunitat Valenciana como en Castilla-La Mancha, se querelló en los juzgados de ambos territorios, donde está personado. Sin embargo, hace poco más de un mes, la decisión del presidente de SOS Desaparecidos de acudir a la reunión a la que había sido convocado por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, provocó una profunda división entre sus representados, al considerar una parte de ellos que no debía reunirse con el titular del Consell por su responsabilidad en la tragedia.
Aunque Amills pidió a Mazón en persona que asumiera responsabilidades, que dimitiera como president y declarara en el juzgado como le había propuesto la jueza, lo cierto es que el encuentro ya había suscitado el desacuerdo entre muchos familiares, si bien esto habría sido la puntilla de otras discordancias previas. No en vano, hace tres semanas se hizo oficial la desvinculación de 78 familiares de 38 víctimas mortales de la representación de SOS Desaparecidos en la causa judicial.
Así pues muchas de estas familias se han aglutinado en una nueva asociación, la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, constituida hace poco más de un mes y preside Rosa Álvarez, que perdió a su padre en la dana. Y quien ya el pasado 29 de abril, en la concentración frente al congreso del PP europeo, señaló que las víctimas "murieron por la negligencia" del gobierno valenciano y acusó a Mazon de "esconderse" por no acudir al congreso popular aquel día.
También se pronunció este mismo miércoles tras las palabras del síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, que acusó a las asociaciones de afectados de "verdaderos interesados" y estar "controladas" por partidos políticos. Así, Álvarez señaló a Europa Press que si el representante de Vox no se retracta, tomarán medidas legales "siempre y cuando" puedan, por el coste que supone. Así, explicó que su asociación se constituyó hace poco más de un mes, con lo que no disponen del dinero suficiente para interponer una demanda y que buscarán "que algunos abogados pudieran estudiar el caso de manera solidaria". Por lo que, señaló que su entidad tiene "más motivos si cabe" para rechazar las palabras de Llanos.
