BENIDORM. El derribo de las torres de Gemelos 28 de Benidorm sigue siendo un quebradero de cabeza para los implicados. La última propuesta sobre la mesa la lidera la defensa de unos propietarios afectados por la medida, impuesta por la sentencia ya firma del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2017. El objetivo es modificar la Ley de Costas para dejar fuera de ordenación el inmueble y salvarlo así de la demolición.

Una propuesta que envió su autor, el despacho de abogados Soriano i Piqueras, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados por correo postal este lunes. Aunque el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, explicó que no le habían trasladado la solicitud concreta, confirmó que sí que había tenido constancia de la misma a través de la publicación de este diario. "Nosotros siempre hemos abogado por no causar más daño al medio del que se puede causar o haber causado ya", afirmó este martes.

El popular aseguró que era de "sentido común", pero aclaró lo siguiente: "Hay una sentencia de cumplimiento en la que no nos corresponde actuar". Como se recordará, es la Generalitat Valenciana la que se tendrá que hacer cargo del gasto que supone tanto el derribo como la indemnización de los propietarios, que podría superar en su conjunto los 100 millones de euros. Todo ello sabiendo además que el edificio podría volver a levantarse retirándose seis metros en oposición al mar, que es la distancia en la que no invadiría la zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre.

Al mismo tiempo, el alcalde consideró que "cada una de las partes es muy libre de proponer diferentes soluciones" y añadió: "Nosotros entendemos que esas circunstancias tienen que ser atendidas por el Tribunal y si se nos emplaza como ayuntamiento, daremos nuestra versión".

El despacho de abogados, que dirige Víctor Soriano, alude al "grave riesgo ambiental que entraña esa actuación". La firma legal es una de las que están involucradas en el proceso puesto que defienden a unos inversores extranjeros copropietarios del rascacielos residencial. 

Este diario ha tenido acceso al escrito presentado a los grupos parlamentarios, en él pide que se incorpore una nueva disposición transitoria a la Ley de Costas que permita que el edificio se mantenga fuera de ordenación durante toda su vida útil. Eso sí, sería para edificios que fueran construidos en suelo urbano antes de 2013 y con licencia anulada judicialmente con posterioridad. También contempla la posibilidad de realizar intervenciones que prevea la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística. Como contrapartida, para beneficiarse de ese régimen, los propietarios tienen que renunciar a todo tipo de indemnización. El objetivo es evitar "un perjuicio para el erario público" y "un riesgo para el medio ambiente".