VALÈNCIA (EP). El Consell Valencià de Treball Social (CVTS), que agrupa a los tres colegios profesionales de trabajo social de Castellón, Valencia y Alicante, expresa su "profunda preocupación" y su rechazo a las enmiendas aprobadas por PP y Vox en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, al considerar que modifican "de forma sustancial" el modelo del sistema público valenciano de servicios sociales.
En un comunicado, el organismo rechaza los cambios que introducen criterios de acceso vinculados al origen o la nacionalidad, que en las enmiendas aprobadas por PP y Vox se defiende como criterios de 'prioridad nacional', y reclama que cualquier reforma estructural del sistema se tramite con debate público y participación de los agentes sociales y profesionales.
La entidad sostiene que las enmiendas no se limitan a introducir cambios de carácter presupuestario, sino que afectan a normas esenciales del sistema de protección social, empezando por la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y, entre otras, la reciente reforma de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, aprobada tras un amplio proceso de análisis, diálogo y participación con administraciones públicas, colegios profesionales, universidades, entidades del tercer sector y otros agentes sociales.
Considera "especialmente preocupante" que reformas de este alcance se incorporen mediante enmiendas a la ley de acompañamiento, "sin un debate específico y alterando el equilibrio alcanzado durante los procesos de participación institucional y social que dieron lugar y legitimidad a estas normas".
Entre las modificaciones aprobadas destaca la incorporación de criterios de preferencia relacionados con la nacionalidad, el origen, la situación administrativa, el arraigo o la antigüedad en el empadronamiento para acceder a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos. Además, se restringe el acceso de las personas en situación administrativa irregular a determinadas prestaciones sociales, limitándolo a supuestos de urgencia vital.
A su juicio, estas medidas alteran los fundamentos del sistema público valenciano de servicios sociales, concebido como un instrumento esencial de cohesión social y garantía de derechos, al sustituir un modelo basado en el reconocimiento de derechos, la universalidad de la atención, los criterios técnicos y la valoración profesional de las situaciones de necesidad por otro condicionado por circunstancias personales ajenas a la intervención técnica. "Es decir --advierte--, por otro modelo sustentado en preferencias o exclusiones relacionadas con el origen o la nacionalidad, lo que debilita la función protectora del sistema público, incrementa el riesgo de exclusión social y erosiona la convivencia".
"La denominada 'prioridad nacional' introduce un criterio de diferenciación basado en el origen o la nacionalidad incompatible con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación que inspiran nuestro ordenamiento jurídico y el sistema público valenciano de servicios sociales. Los derechos sociales deben responder a las necesidades de las personas, no a su procedencia. Convertir el origen en un criterio de acceso a la protección social desnaturaliza la función de los servicios sociales y debilita su papel de cohesión social".
La entidad recuerda que la Constitución define a España como un estado social y democrático de derecho, reconoce la dignidad de la persona y el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, además de encomendar a los poderes públicos la protección frente a las situaciones de necesidad.
En el ámbito autonómico, la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos configura el sistema valenciano como un servicio esencial sustentado en los principios de universalidad, igualdad, equidad, inclusión y respeto a la dignidad de las personas, principios que considera difíciles de conciliar con mecanismos de preferencia basados en la nacionalidad o el origen.
Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establecen que el acceso a los derechos sociales debe garantizarse sin discriminación.
Conflicto ético para los trabajadores sociales
El CVTS también alerta del impacto que estas modificaciones tendrían sobre el ejercicio profesional del trabajo social. El código deontológico de la profesión obliga a defender los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de trato y la no discriminación, por lo que la introducción de criterios ajenos a la valoración profesional "compromete la autonomía técnica, dificulta la aplicación objetiva de los instrumentos de diagnóstico e intervención social y genera un conflicto entre las obligaciones legales y los principios éticos de la profesión".
Por todo ello, insta a Les Corts a reconsiderar las enmiendas y a preservar un modelo de servicios sociales alineado con la Constitución, el Estatut d'Autonomía, la Ley 3/2019 y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Exige que cualquier reforma estructural del sistema valenciano de protección social se tramite mediante procedimientos legislativos que garanticen el debate público, la transparencia y la participación de las administraciones, los colegios profesionales, las universidades, las entidades sociales y las organizaciones representativas de la ciudadanía.
El Consell Valencià de Treball Social reafirma su compromiso con la defensa de un sistema público de servicios sociales universal, inclusivo y garantista, construido desde el respeto a los derechos humanos, la evidencia profesional y la participación social.
