MADRID (EP). El Ministerio de Trabajo ha instado a la Fiscalía a investigar la anulación por parte de la Generalitat Valenciana de una serie de sanciones que se impusieron a empresas durante la Dana de octubre de 2024 en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para comprobar si existe un delito de prevaricación administrativa, según han informado a Europa Press en fuentes de este Departamento.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia impuso dichas sanciones por los accidentes laborales que se produjeron de facto o por los riesgos graves ocurridos durante la Dana del 29 de octubre de 2024.

En estos expedientes se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores, lo que provocó, según Trabajo, que éstos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador.

No obstante, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, estos expedientes fueron anulados por la autoridad laboral valenciana "de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores. Así, Trabajo considera que esta decisión fue "arbitraria y eventualmente delictiva" y ha dado traslado a la Fiscalía de los procedimientos sancionadores anulados por la Generalitat Valenciana.

Resoluciones "debidamente motivadas y sujetas"

En todo caso, la Generalitat Valenciana subraya que todas las resoluciones administrativas adoptadas están debidamente motivadas y sujetas, como cualquier acto administrativo, al control de los tribunales. Asimismo, asegura que colaborará con cualquier actuación de investigación que se pueda llevar a cabo, aportando la documentación necesaria para acreditar que las decisiones se ajustan al ordenamiento jurídico.

Desde el Consell, señalan que la Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana, en su condición de autoridad laboral competente, ejerce las funciones que le atribuye la legislación laboral para resolver los procedimientos sancionadores derivados de actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esta línea, remarcan que las actas de la Inspección de Trabajo "no constituyen sanciones firmes, sino propuestas de sanción que deben ser valoradas jurídicamente por la autoridad laboral antes de dictar la resolución administrativa correspondiente". En el caso de los expedientes relacionados con estos hechos, la Generalitat asegura que confirmó la sanción propuesta por la Inspección en un total de seis empresas. "La Autoridad Laboral analizó las circunstancias concurrentes en cada caso y mantuvo aquellas propuestas que consideró ajustadas a derecho, dejando sin efecto las que no se consideraron ajustadas a derecho. Esta actuación evidencia una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales", consideran desde el Ejecutivo autonómico. 

El Consell defiende que las resoluciones adoptadas se dictaron tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido y con base en informes técnicos y análisis jurídico de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento atribuye a la autoridad laboral autonómica. Además, recuerda que estos hechos se produjeron durante la Dana, un "supuesto de fuerza mayor". "En algunos casos, la autoridad laboral apreció la concurrencia de circunstancias vinculadas a un episodio extraordinario de fuerza mayor, elemento que jurídicamente excluye o limita la responsabilidad administrativa cuando los hechos se producen en un contexto de emergencia imprevisible", señala.