VALÈNCIA. Hasta el lunes tienen las partes para presentar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano sus escritos sobre la posible imputación del que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la causa de la Dana. Por el momento, tres de las acusaciones -CGT, Podemos y una de las acusaciones particulares, representadas por el letrado Ximo Esteve- ya han remitido sendos escritos donde comparten el criterio esgrimido por la jueza en su exposición razonada acerca de la negligencia del expresident aquella jornada.

El primero en hacerlo fue Esteve, según el cual la instructora recoge indicios suficientes para abrir una investigación penal contra el expresident. En su escrito, la acusación señala que el documento remitido por la magistrada "pone de manifiesto la eventual concurrencia de indicios racionales de responsabilidad penal respecto de la persona aforada" y subraya que, aunque en esta fase no corresponde realizar un juicio sobre la culpabilidad, sí sostiene que de la exposición razonada "se desprende la existencia de elementos objetivos que justifican la apertura de investigación formal".

La acusación particular también destaca la dimensión del caso y el número de afectados para defender que la causa debe investigarse formalmente en el alto tribunal valenciano. “La gravedad de los hechos investigados, su relevancia pública y el número de perjudicados hacen imprescindible que la investigación se desarrolle bajo la dirección de esta Sala cuando afecte a persona aforada”, sostiene el escrito.

También la Confederación General del Trabajo (CGT) respalda que el alto tribunal asuma la investigación contra Mazón, habida cuenta de los "indicios sólidos, racionales y plurales" que justifican la investigación al expresident. El sindicato recuerda que el propio tribunal rechazó inicialmente las querellas presentadas contra el jefe del Consell al no apreciar entonces un “cuadro indiciario de cierto nivel”, pero apunta que la situación procesal ha cambiado tras la investigación practicada en el juzgado de Catarroja. “La exposición razonada remitida por la Magistrada-Juez de Instrucción no es una mera querella basada en noticias de prensa o en una legítima indignación colectiva; es el resultado de una instrucción judicial en la que se han practicado numerosas diligencias”, sostiene el escrito.

Según expone la acusación, el documento elevado al alto tribunal recoge una serie de actuaciones y omisiones que apuntarían a una presunta negligencia grave del entonces presidente de la Generalitat durante la jornada de la riada. Entre ellas menciona su “posición de garante” al frente del Consell y una supuesta “cadena de omisiones que revelan una ‘absoluta pasividad’ y ‘ajenidad’ ante una catástrofe anunciada”.

En este sentido, el escrito alude a la comparecencia pública realizada aquella mañana, en la que, pese a las alertas meteorológicas existentes, se habría transmitido un mensaje de tranquilidad a la población, así como a la comida mantenida por el presidente durante la tarde de aquel día, descrita en la exposición razonada como “una sobremesa interminable”. Y señala retrasos en decisiones clave durante la gestión de la emergencia, como la convocatoria del CECOPI o la emisión de la alerta masiva a la población.

Por su parte, Podemos, personado como acusación popular en la causa, manifiesta su “adhesión íntegra” a la exposición razonada elevada por la jueza instructora y respalda que la investigación se extienda al exjefe del Consell por su “presunta implicación en los hechos objeto de las presentes diligencias” tras acreditarse “indicios racionales de criminalidad que justifican la investigación". A la postre, el partido político cita la exposición razonada que atribuye a Mazón una “posición de garante” en la gestión de la emergencia, al ostentar la máxima autoridad en la Generalitat y las facultades de dirección y coordinación del Consell

En este contexto, la investigación apuntaría a una “presunta negligencia grave por omisión, manifestada en una prolongada pasividad y ajenidad durante las horas más críticas de la Dana”, señala el escrito de Podemos. Entre los elementos que sustentan esos indicios, el escrito menciona la supuesta falta de coordinación entre departamentos del Consell durante la emergencia, así como la intervención del entorno del presidente en la gestión de las alertas a la población.

En concreto, el documento apunta a comunicaciones entre el jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca, y la consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, que, según sostiene, habrían influido en el retraso y el contenido del aviso masivo. Uno de los aspectos que subraya la formación es la previsibilidad del riesgo ante el episodio meteorológico, al recordar que existían alertas previas de organismos como AEMET o la CHJ. "Frente a este cúmulo de advertencias, la conducta del entonces President, permaneciendo ajeno a la gestión directa de la emergencia, resulta, indiciariamente, de una negligencia grosera e inexcusable", sostiene el escrito.