VALÈNCIA (EP). Tres miembros del anterior Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), entre ellos su último presidente, Miquel Francés, han presentado una demanda ante Presidencia de la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que alegan contra su cese y piden dejar sin efecto las últimas decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), la nueva empresa pública que rige el funcionamiento de À Punt, en las que ya no participaron.

En concreto, junto a Francés, se trata de Lola Bañón y Javier Marzal, dos vocales nombrados en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, los últimos componentes en tomar posesión de sus cargos tras su nombramiento por Les Corts el 13 de abril de 2023 por un periodo de seis años.

La demanda expone que la legislación europea "no admite el acortamiento mecánico de los mandatos de las responsabilidades en los medios de comunicación públicos", tal y como se prevé en el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, con el fin de preservar "la independencia efectiva de los prestadores del servicio público".

Los tres consejeros señalan que hace "casi un año, tras la aplicación de la nueva Ley 2/2024 de la CACVSA, tomó posesión un Consejo de Administración y À Punt ha visto cómo se cerraba el Consejo de Informativos, órgano fundamental para la expresión de la redacción de la cadena, así como el desmantelamiento progresivo del servicio de documentación".

"Asimismo, se ha constatado el paulatino descenso de los contenidos en valenciano, quebrando de esta manera una de sus funciones esenciales como es la defensa de la lengua", añaden.

Todo ello, subrayan, se ha producido "en el tránsito entre la creación efectiva" de la CACVSA y la supresión de la CVMC, con "la consecuente absorción de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)".

"Deriva" de la situación del ente público

Por consiguiente, argumentan, ante "la evidencia de que no se ha incurrido en causa de cese o destitución" y "la deriva de la situación en el ente público", los consejeros recuerdan que su mandato "debe continuar hasta el final de su nombramiento oficial", al tiempo que exponen que, al "no haber participado en las últimas votaciones", las decisiones del Consejo de Administración de la CACVSA "deben quedar sin efecto".

La argumentación de la demanda enviada a Presidencia de la Generalitat y al TSJCV se basa en "la defensa de la profesionalidad y pluralidad de los medios de comunicación públicos valencianos", según apuntan los consejeros en un comunicado.

Además, remarcan que los tres fueron sometidos en su día a un "exigente" proceso de selección y que fueron componentes del equipo de expertos que elaboró el informe facilitado a Les Corts en 2015 para elaborar la ley que posibilitó el retorno de la radiotelevisión pública valenciana tras el cierre de RTVV en 2013.