VALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia vuelve a situarse en el centro de la controversia. La sección sindical de UGT-APV ha presentado sendas reclamaciones contra las bases de selección para cubrir por promoción externa dos puestos de jefatura de departamento (Análisis Económico Financiero y Transición Energética) al considerar que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que responden a una deriva "restrictiva" y "arbitraria" en la política de personal del organismo. El sindicato reclama la nulidad de las convocatorias y solicita, como medida cautelar, la suspensión inmediata de ambos procesos.

El movimiento del sindicato se produce en un momento en el que la gestión interna de Valenciaport atraviesa uno de sus períodos más convulsos, marcada por un goteo de dimisiones, denuncias ante órganos estatales y varias investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en materia de personal, contratos y retribuciones. El clima interno, ya tensado en los últimos meses, suma así un nuevo frente en pleno escrutinio institucional.

UGT-APV sostiene que las bases han sido diseñadas para evitar la promoción interna y favorecer de forma injustificada el acceso externo. Según el sindicato, la APV habría introducido requisitos "desproporcionados", entre ellos la anulación de los primeros cinco años de experiencia para valorar los méritos de los aspirantes, al tiempo que se elimina la entrevista personal bajo el argumento de la "economía procesal". Esto, denuncian, reduce el proceso a un mero "cómputo curricular" y deja fuera a perfiles internos que podrían desempeñar las funciones.

La sección sindical advierte además de un "patrón de desviación de poder" que se suma a una larga lista de controversias que rodean la gestión de la presidenta, Mar Chao, desde su llegada. Como publicó este diario, la APV se encuentra bajo lupa por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuya Oficina de Conflicto de Intereses dio traslado al Tribunal de Cuentas de una denuncia sobre un presunto cobro irregular de dietas y otras posibles infracciones muy graves en la gestión económica.

El Tribunal de Cuentas mantiene abiertas diligencias preliminares para determinar si existió un quebranto de fondos públicos. Según la APV, la OCI ha atendido las alegaciones de Chao y será ahora el órgano fiscalizador el que determine si concurre o no responsabilidad contable.

El malestar interno se ha traducido en una cascada de dimisiones en puestos clave de la estructura directiva: desde el director general, Enrique Belda, hasta responsables de áreas como Explotación, Comercial, Infraestructuras, Planificación o la propia oficina técnica. Fuentes internas consultadas por este diario describen un “ambiente tóxico” y un progresivo deterioro de la gestión del personal, con carreras "truncadas" y una sensación de parálisis organizativa.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, duda del recorrido que puedan tener las investigaciones que realiza el Tribunal de Cuentas sobre su gestión ante los indicios de una posible malversación de fondos públicos en la ejecución de diversas adjudicaciones y contrataciones. "Tengo bastantes dudas. Tenemos unas cuentas auditadas que reflejan unos buenos resultados. Me he limitado a cumplir lo que siempre se ha hecho en la APV", afirmó Chao ante los medios de comunicación tras la presentación del plan del Puerto para su descarbonización.

"Tengo la conciencia tranquila y me dedico a trabajar frente al ruido con hechos", agregó la dirigente portuaria, que quiso quitar severidad a las diligencias preliminares emprendidas por el órgano fiscalizador tras el aviso por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública de la sospecha de infracciones administrativas muy graves. Además de quitar hierro a la investigación del Tribunal de Cuentas, Chao tampoco dio importancia al informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y de un contrato a una consultora.

Pese a que estos episodios atraviesan realidades heterogéneas, el denominador común es la creciente desconfianza sobre la política de personal de Valenciaport, que ahora UGT-APV ubica nuevamente en el epicentro del conflicto. El sindicato reclama que se frenen las convocatorias hasta garantizar la "legalidad y transparencia" del acceso al empleo público portuario, en un contexto en el que cualquier decisión en materia laboral adquiere un peso especialmente sensible por la concatenación de polémicas.