VALÈNCIA. Dos peritos comparecieron este miércoles ante la Audiencia Provincial de Valencia como testigos en el juicio de la pieza E del caso Taula, que indaga un presunto sistema de comisiones a cambio de presuntas adjudicaciones irregulares en la concejalía de Cultura durante la época de Rita Barberá, cuando dirigía el departamento la concejala María José Alcón, fallecida en 2018. Se trata de varios contratos que habrían sido amañados para favorecer a determinadas empresas, según las investigaciones que han desembocado en el juicio, donde el principal acusado es el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero'.

Uno de los peritos, encargado de varios informes que obran en la causa, ratificó sus conclusiones sobre los "indicios de fenómenos extraños" en los procesos de contratación investigados, relativos a la limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. En el caso de La Lonja, la UTE encargada ganó el concurso público "sobre todo por las mejoras" que presentó, con una "diferencia enorme" respecto a sus competidoras, aseguró el perito, quien insistió en la falta de documentación obrante para poder analizar la adecuación de la selección.

"Ya me gustaría discernir cómo dan los puntos de la solución técnica porque no encontramos documentación", aseguró al respecto. Un problema con el que se topó en otros expedientes analizados. "No puede ser casualidad que en los tres expedientes que analicé falte toda esa documentación pese a la montaña de documentos que están a disposición", aseguró ante el tribunal. De hecho, algunos abogados de las defensas intentaron ahondar en esos 'vacíos' de fuentes información para desacreditar algunas conclusiones de los informes.

En cuanto al contrato de La Lonja, expuso el perito que la empresa encargada presentó una ampliación de las actuaciones una vez adjudicado el contrato, unas modificaciones que se hicieron de manera "irregular" a juicio del perito. "Es un tema un poco extraño o rocambolesco" porque el contrato solo pedía la conservación del monumento y en el proyecto presentado -"en mi opinión, estupendo", recalcó- se decía "muchas veces que el objeto era solo" ese mantenimiento de fachadas y que "no se puede hacer ninguna otra obra".

Sin embargo, un 6 de septiembre los arquitectos presentaron un informe donde proponían hacer "otros trabajos" que eran "importantes". "Curiosamente, antes, el 23 de agosto, ya se había presentado y aprobado el proyecto de modificación con cuatro trabajos diferentes, un proyecto al que no hemos tenido acceso", relató el testigo, según el cual el proyecto inicial decía "taxativamente" que no se podían hacer actuaciones diferentes, pero la dirección técnica del Ayuntamiento quiso "saltarse el objeto".

Las dudas planteadas por el perito vienen sobre todo por el modo "muy extraño" en el que se hizo, aprobando el proyecto de modificación antes de que los arquitectos presentaran su escrito de justificación. "No me parece natural, en el ayuntamiento está todo muy reglado", dijo el experto, que tampoco entiende que el modificado se diera a la misma empresa. Sobre el escrito de los arquitectos, confesó que le producía "vergüenza ajena" que loaran a la compañía e incluyeran "cosas que no vienen a cuenta para justificar que la empresa siguiera haciendo ese trabajo". "En un informe técnico, que expertos de prestigio digan eso, me produce vergüenza; los arquitectos debemos separarnos del constructor para gozar de independencia", sostuvo.

Asimismo, aseguró que los motivos que dieron para justificar las nuevas obras eran "de risa", como por ejemplo, que ya tuvieran los andamios montados. "No puedo entender que unos arquitectos se presten a eso", aseguró ante la sala, donde insistió en que no ponía en cuestión "la necesidad" de esas actuaciones sino el modo en el que se adjudicaron. "Del precio no hay ni rastro, el segundo proyecto no está en la montaña de documentación", aseguró, y solo refirió la existencia de un documento donde valoraba las actuaciones en 400.000 euros. "Pero es raro cuando un presupuesto técnico de esta envergadura suelen ser cientos de hojas", recalcó.

A juicio del perito, el hecho de que ya se hubiera avisado a la Conselleria de Cultura de estos trabajos ters meses antes no implicaba que se estuviera gestionando el modificado con anterioridad. "En mi opinión, no. Es una estrategia para hacer unos trabajos convenientes de un modo irregular y con criterios que dan un poco de risa", explicó, para ratificarse más tarde en las conclusiones de sus informes donde presumía de un "acuerdo" entre los arquitectos y el Ayuntamiento. Cuestionado por uno de los abogados de la defensa sobre la información que tenía para afirmar eso, el testigo dijo que simplemente era "un indicio" para él.