VALÈNCIA. La investigación judicial de la Dana ha puesto el foco especialmente en el proceso de decisión hasta el envío tardío del ES Alert la fatídica tarde del 29 de octubre. La jueza de la Dana ha concentrado los esfuerzos en saber lo que ocurrió en el centro de emergencias de l'Eliana y en el Cecopi, dirigido por la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, así como la actuación del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
De este modo, la actuación de los ayuntamientos ha estado en un segundo plano, aunque varios técnicos han señalado las responsabilidades municipales según el Plan Especial de Inundaciones. El pasado jueves. Un jefe del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, fue preguntado por algunas de estas cuestiones como, por ejemplo, la obligación de contar con sistemas de avisos a la ciudadanía para situaciones de emergencia como la Dana.
El jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, destacó en su declaración, la segunda que ha prestado en la causa, que Algemesí fue "uno de los pocos municipios que constituyó su Cecopal", el órgano de emergencias municipal. El otro fue la ciudad de València. Así, explicó que el día de la Dana, desde la Generalitat Valenciana se avisó a los ayuntamientos de la alerta hidrológica decretada a mediodía tanto para el río Magro como para el barranco del Poyo.
"La alerta hidrológica consiste en que si continúan las precipitaciones, pueden darse inundaciones", expuso a las partes, para añadir que en esas situaciones, "para poner a resguardo a la población" el aviso se hace "por vía telemática a los ayuntamientos y se refuerza con llamada telefónica". De manera que los municipios tenían que "tomar medidas". "Sí o sí, un ayuntamiento tiene que tener un plan de emergencias", declaró, y especialmente los que tienen "riesgo alto de inundación" como Algemesí.
¿Deberían haber avisado a la población ante ese riesgo de inundación?, se le preguntó al testigo, a lo que contestó: "Los ayuntamientos deben tener sistemas de aviso". E interrogado concretamente por si Algemesí debía tener "sistemas como avisos previos, megafonía u otras medidas", insistió en que sí: "Debían tenerlas".
El papel de los municipios en la emergencia ya fue destacado por el propio subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, el técnico autonómico de mayor con la alerta hidrológica decretada se avisó a todos los municipios con un "sistema muy redundante" con hasta tres rondas de fax para asegurarse la recepción donde alertaban del "riesgo" en los cauces para que se "tomen medidas" y los ayuntamientos reportaran información. También se avisó a los alcaldes que habían facilitado su teléfono móvi, según Suárez, según el cual el feedback fue muy poco.
El subdirector general apuntó que tanto Algemesí como València fueron "reportando" información tanto en la fase de preemergencia como en la de emergencia. Y respecto al resto de localidades, señaló que podrían habrese comunicado por el 'chat interno' de Emergencias donde se hacen todas las comunicaciones, la plataforma Coordcom, pero no pudo asegurar que así fuera. Aunque en todo caso, señaló el incumplimiento de la obligación de la mayoría de ayuntamientos de constituir sus centros de coordinación de emergencia locales.
Otros técnicos han declarado en el mismo sentido. Por ejemplo, la jefa de servicio de Emergencias, Inma Piles, otra de las protagonistas de aquella tarde, que en su comparecencia señaló la responsabilidad que más allá de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), también los municipios tienen una función de "vigilancia de cauces". De hecho, preguntada por si los ayuntamientos cumplieron con su obligación de adoptar medidas y convocar sus órganos de emergencias (Cecopal), fue rotunda: "Yo creo que no, creo que se podría haber hecho más".
