Un jurado juzga a un funcionario de la Generalitat por coger y vender equipos informáticos

Comunitat Valenciana

  • Imagen de archivo de equipos informáticos.
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VALÈNCIA (EFE). Un jurado popular juzga este lunes y martes en la Audiencia Provincial de Valencia a un funcionario del cuerpo superior técnico de informática de la Generalitat por un delito de malversación, acusado de apoderarse de equipamiento público y venderlo en una plataforma de venta online.

El jurado determinará si, a finales de agosto de 2023, el procesado accedió con unas llaves de las que disponía de un almacén y se apoderó de siete procesadores de ordenadores que eran propiedad de la administración autonómica que, según la defensa, estaban almacenados con la intención de ser destruidos por obsoletos.

El tribunal popular deberá decidir si, en noviembre del mismo año, el encausado repitió la operación con otros ocho procesadores y si puso todo el material a la venta en Wallapop.

La Generalitat Valenciana habría recuperado el material, a excepción de seis procesadores que el encausado habría vendido a terceras personas.

Por otra parte, las diferentes secciones penales de la Audiencia Provincial juzgan también esta semana cinco casos de agresiones sexuales, tres de ellas a menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El jueves en la Sección Cuarta está previsto el juicio a dos hombres acusados de robar a una mujer tras introducirse sin permiso en la vivienda de ella en Valencia.

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2025 cuando los procesados coincidieron con la víctima en el rellano de la vivienda para, a continuación, entrar en su casa, donde le instaron a que les diera joyas o dinero, mientras le hacían ver que llevaban un objeto punzante.

Como la mujer no tenía nada que darles, la obligaron a ir a un cajero, donde la perjudicada sacó 300 euros que les entregó a los asaltantes.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para uno de los acusados como autor de un delito de robo con intimidación en concurso con un delito de detención ilegal, mientras que para el otro procesado solicita seis años de cárcel por el mismo delito, para el que aprecia la agravante de reincidencia.

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