VALÈNCIA (EP). La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valencia ha citado a declarar para el 13 de enero al director general de Diversidad, Stéphane Soriano, tras una querella presentada por el colectivo Lambda por revelación de secretos en relación con unas declaraciones realizadas en un medio de comunicación.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado incoó diligencias previas el pasado mes de julio tras admitir a trámite la querella presentada por el colectivo. Posteriormente, la magistrada dictó una providencia, el mes de noviembre, en la que acordó citarlo a declarar el próximo 13 de enero.
La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa porque entiende que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, según ha podido saber Europa Press.
Lambda anunció en junio la presentación de una denuncia contra Soriano por considerar que presuntamente habría incurrido en tres delitos de revelación de secretos por unas declaraciones en medios de comunicación sobre expedientes administrativos de los que la entidad no tenía constancia y por prevaricación en relación a la revisión de unos expedientes económicos vinculados al convenio con la asociación, en los que alegaba que resultaba perjudicada.
Fuentes de la Dirección General aseguran a Europa Press que Lambda presentó la denuncia en junio de 2025 por unos hechos ocurridos un año antes, como "reacción" ante la "fiscalización" por parte de este área del uso de dinero público que estaba realizando y sostienen que el director general lo que hizo fue poner en valor "el trabajo realizado por los técnicos de la administración respecto al deber de control y fiscalización del uso de dinero público que en ese momento estaban realizando a través de la solicitud de documentación justificativa del uso de distintas subvenciones y conciertos, no solo a Lambda sino a todas las entidades".
Entre otras cuestiones, destacan que se le requirió justificación sobre un gasto de indemnización por despido de cerca de 20.000 euros "que no era objeto del convenio y que la propia Lambda reconoce en su escrito haber incluido como gasto y retirado posteriormente al ser requerida y no poder justificar el gasto en el marco del convenio".
Desde el departamento aseguran que "sorprende la reacción de una entidad que gestiona servicios públicos y recibe subvenciones de la administración, que, ante el control de la mismas, actúa contra el director general en lugar de actuar con transparencia sobre el uso del dinero público".
"Que un gestor de un servicio público denuncie que la administración controla y fiscaliza el dinero público para evitar chiringuitos que sean coladeros de fraude y dinero sin control, dice más de la propia entidad que de la administración. Evidencia dónde está y qué busca cada uno", apuntan.
Petición de destitución
La oposición ha exigido en sendos comunicados la destitución de Soriano por la citación a declarar y ha pedido a la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, que tome "cartas en el asunto".
"Desde Compromís exigimos el cese inmediato del director general de Diversidad que está imputado por atacar al movimiento LGTBI vulnerando la ley", señala el diputado Francesc Roig, quien ha avisado:"No podemos aceptar de ninguna de las maneras ni los recortes en los derechos de las personas LGTBI que impulsan PP y Vox, ni la persecución ilegal a las entidades que critican estos retrocesos".
Por parte del PSPV, la secretaria de LGTBi del PSPV-PSOE, Marta Amat, ha señalado que la citación como investigado de Soriano es "solo una muestra más de las malas prácticas en materia de defensa del colectivo LGTBI que está llevando a cabo la Generalitat Valenciana": "No puede ser que la persona encargada de garantizar la protección de derechos fundamentales esté siendo investigada por supuestamente vulnerarlos".
A su juicio, esta situación "inaceptable se suma a las prácticas del Partido Popular con las que no solo está recortando en derechos, sino que además está amedrentando a las asociaciones que lo denuncian" y considera que este episodio "supone un golpe directo a la confianza del colectivo que no podemos tolerar, no podemos obviar que las instituciones deben ser un escudo de protección para las personas LGTBi no un riesgo".
"Si --Juanfran-- Pérez Llorca defiende de verdad al colectivo lo expulsará de su puesto porque un gobierno que dice defender la igualdad no puede mantener a un imputado por hechos tan graves como la revelación de derechos en su puesto", ha reclamado.
