VALÈNCIA (EP). Una manifestación ha recorrido este sábado las calles del centro de la ciudad de València con la finalidad de reclamar "un derecho como es la vivienda digna", denunciar la "inacción política" de los gobiernos --estatal, autonómico y local-- e intentar prorrogar el Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre y que, "si no se prorroga, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se inicie la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado, 5.000 en la Comunitat Valenciana y casi 900 en la ciudad de València".

Así lo ha aseverado el portavoz de Juntes per l'Habitatge, Pablo Ramos, quien ha participado en la marcha bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!', que ha comenzado en la Plaza de San Agustín y ha concluido en la Plaza de la Virgen.

En la marcha, convocada por Juntes per l'Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, se han escuchado consignas como 'Ni casa sin gente ni gente sin casa', 'Basta ya, ningún desahucio más', 'Hay niños en la calle y no le importa a nadie', 'Valencia no se vende' o 'Vergüenza me daría desahuciar a una familia', entre otros.

Pablo Ramos ha subrayado que el precio de la vivienda en València es "impagable e inasumible", al mismo tiempo que ha denunciado que los desahucios "cada vez más son mayores". "Estamos ante un gran peligro: que el Escudo Social termine siendo una bomba social", ha advertido.

También, ha avanzado que las manifestaciones serán "constantes" hasta que se "consiga algún acercamiento" con las administraciones. No obstante, ha señalado que sí se han reunido "varias veces" con el Ejecutivo autonómico, aunque "todas las propuestas han sido rechazadas" con un "no contundente". Por otra parte, según ha remarcado, el consistorio "se ha negado" a recibirlos. "Estaremos en las calles hasta que las medidas oportunas se cumplan", ha incidido.

En este punto, ha señalado que las asociaciones y entidades convocantes no tienen intereses, "salvo que la ciudadanía pueda tener acceso a una vivienda digna".

"Gobierne quien gobierne"

El portavoz, además, ha hecho hincapié en que la "problemática" de la vivienda es "estatal" y ha lamentado que, a su juicio, permanece "gobierne quien gobierne". "La vivienda --ha agregado-- se está dejando en un plano secundario".

Asimismo, Ramos ha avanzado que "habrá más manifestaciones", a la vez que ha instado a las administraciones a "trabajar conjuntamente" porque, "prácticamente, no existe ese trabajo".

"El derecho a la vivienda no es una aspiración, sino un derecho. Por ello, hace falta que todas las administraciones, sin excepción ni excusas, asuman su responsabilidad directa e implementen, de forma inmediata y de acuerdo con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, los instrumentos necesarios para su garantía. La sociedad exige hechos y los necesitamos ahora", ha sentenciado.

"Gravísima y dramática situación"

Así las cosas, se ha leído un manifiesto al final de la marcha, en la Plaza de la Virgen, en que el que se ha considerado "gravísima" la situación que impide el acceso a la vivienda y se ha "puesto encima de la mesa" las "responsabilidades" de todas las administraciones --locales, autonómicas y estatales-- y partidos políticos, al tiempo que también han exigido un Plan de Choque con medidas "necesarias, concretas y consensuadas" con los movimientos sociales, vecinales y sindicales "para atajar el problema de raíz y avanzar en un derecho que tendría que ser indiscutible".

"Exigimos la urgentísima prórroga y mejora del Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre y que, si no se prorroga y mejora, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se inicie la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado", han advertido.

En este punto, han tildado de "dramática" la situación, ya que "los desahucios se mantienen" y han afeado que los precios de los alquileres "son cada vez más inaccesibles". "Las viviendas y el territorio se utilizan como un bien de mercado totalmente sometido a la especulación; se expulsa a la gente de sus barrios mientras estos se llenan de apartamentos turísticos sin aplicar ningún control real; el acoso inmobiliario es cada vez más intenso y seguimos sin un parque público de viviendas suficiente", han lamentado.

Y han insistido: "La vivienda es un derecho social, pero es, ante todo, un derecho de la ciudadanía, de pertenencia a un pueblo, a una comunidad. Vivir sin acceso a la vivienda o con la constante amenaza de perderlo; es privar de derechos". Así, también han hecho hincapié en que "se deben respetar nuestros barrios y nuestro territorio" para que "cualquier actuación no nos ponga en peligro, como ha ocurrido con la dana". Con todo, han agregado que la vivienda "afecta a todas las personas sin excepción", tanto a la familia que ya no llega a final de mes como a quien paga una hipoteca "desproporcionada".

En la misma línea, han señalado que, "sin vivienda, no hay igualdad de oportunidades". Así, es "imposible garantizar una ocupación estable, una educación de calidad o la salud mental --prosiguen-- si no se tiene un hogar seguro". "Porque defender la vivienda es defender los barrios: su comercio local, su convivencia, la vida que hace ciudad", reza el manifiesto, en el que también se apunta que "la saturación turística, la especulación y el abandono institucional están rompiendo comunidades enteras".

Por ello, los encargados de leer el escrito han insistido en que "defender la vivienda es defender el lugar donde crecen nuestros hijos e hijas, donde cuidamos nuestras personas mayores y donde construimos relaciones que sostienen la vida cotidiana".

Además, han remarcado que el derecho a la vivienda "no tendría que ser una ideología, sino que es una necesidad básica reconocida por la Constitución y por los acuerdos internacionales firmados por el Estado". En este punto, han aseverado que exigir su cumplimiento es un acto "democrático, legítimo y responsable".

"Cada vivienda vacía en manos de fondos especulativos mientras miles de familias sufren angustia es un fracaso colectivo que no podemos normalizar", han enfatizado y han espetado: "La vivienda no tiene que ser un privilegio al alcance de unos pocos, sino la base de una vida digna para todos y todas".

"El problema es la falta de oferta"

Por su parte, la Generalitat ha aseverado que "avanza en el objetivo de dar solución a la vivienda con políticas integrales", al tiempo que ha remarcado que "es un problema de falta de oferta". "Ante la demostrada incapacidad del Gobierno de España en política de vivienda, y tras ocho largos años de sequía en la construcción de nuevas viviendas asequibles para las personas en esta Comunitat, lo que desde la Generalitat estamos haciendo es dar pasos firmes y reales para mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda", ha añadido.

Además, el Consell "trabaja para activar suelo, poner viviendas en el mercado, aprobar rebajas fiscales para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y dar avales a los jóvenes para facilitarles el acceso a la vivienda", ha subrayado y ha agregado que siguen trabajando "para dar seguridad a los propietarios para que pongan las viviendas en alquiler".

En dos años --indican-- se han impulsado más de 4.400 viviendas de protección pública. "Si analizamos las calificaciones provisionales de VPP podemos comprobar que en 2022, último año del Botànic, se solicitaron 258, mientras hoy, tras un año de vigencia de nuestro decreto VPP se han solicitado 1.344 calificaciones", ha precisado.

El Ejecutivo autonómico, además, ha diseñado un plan contra la ocupación ilegal basado en tres pilares: "prevención, intervención inmediata y protección a las víctimas".