VALENCIA. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, se ha vuelto a referir este lunes a la polémica suscitada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 20218 y 2022, para incidir en que el expediente relacionado con esos pisos arrancó bajo el mandato del Consell del Botànic y que se tramitó bajo "las reglas del juego" del Botànic, en alusión al decreto regulador de las condiciones de acceso a las VPP aprobado en 2023. En todo caso, tras participar en la campaña sobre el consumo de pornografía entre adolescentes, ha apuntado que la investigación para determinar si pudo existir algún posible fraude entre los compradores de los pisos sigue su curso y ha precisado que se había emplazado al Ayuntamiento a indicar quiénes estaban empadronados en esos inmuebles con el propósito de precisar si se ha producido alguna posible venta o alquiler irregular, sin la preceptiva autorización por parte del departamento autonómico.

"La vivienda es la política prioritaria para el Consell y no vamos a permitir que un hecho concreto, manipulado y cargado de bulos con mala intención por parte de la izquierda lo fastidie", ha asegurado. En esta línea, ha señalado que los adjudicatarios de estas viviendas los decide la cooperativa y que "las personas que compraron las viviendas" se adhirieron a ella primero en 2018 y después en 2021. Además, ha relatado que "la calificación se pidió en tiempo del Botànic y que se concedió con su decreto". "Si algo ha fallado fueron los controles del Botànic", ha sostenido, respecto a quién pudo tener la responsabilidad política sobre los hechos conocidos ahora, cuando se ha producido el visado de los contratos de compra y la inscripción de las correspondientes escrituras, ya bajo el mandato del actual Consell.

Sea como fuere, Camarero ha insistido en que "lo único que nosotros estamos vigilando es, en ese visado de los adjudicatarios, ya que sabemos que hay algunas personas que no tendrían que haber sido beneficiarias de las viviendas, y por eso hemos apartado al funcionario" encargado de validar esos contratos "y lo hemos llevado a la Fiscalía", ha añadido. Así, ha apuntado que "este viernes termina el plazo que le dimos a la promotora para que nos facilitase la documentación adicional que tenía y el lunes próximo, al resto de adjudicatarios para que nos den la información complementaria y estamos esperando que nos llegue esa información", ha detallado.

Control de residentes

En cualquier caso, ha recalcado que "si algo ha hecho este gobierno es reforzar los mecanismos de control" antes de que surgiese la polémica respecto a las VPP de Alicante. "Tomamos cartas en el asunto y vamos a seguir reforzando esos mecanismos; seguimos en la investigación y el viernes pasado remitimos una documentación al Ayuntamiento en la que le solicitamos que nos informen quiénes son los que están empadronados en esas viviendas", ha precisado. Además, en esa misma labor de revisión también se ha solicitado al ayuntamiento que indique "en el caso de las tres viviendas en las que se ha pedido excepcionalidad" para no tener que residir en esos pisos en el plazo legalmente conferido (tras alegar que se encontraban residiendo en el extranjero) para que sea "la Policía Local" quien "confirme" si hay alguien viviendo y, además, "quién está viviendo" en ellas.

Es decir, la misma propuesta que ya había planteado el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, tras constatar la difusión de anuncios publicitarios en distintos portales inmobiliarios en los que se ofertaban pisos del residencial en venta o en alguiler. Así lo ha recordado este lunes el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, para incidir en que también se había emplazado al equipo de gobierno a promover que Aguas de Alicante también cotejase los datos de consumo de agua para comprobar si realmente las viviendas están ocupadas por los compradores. Sea como fuere, Camarero ha recalcado que ese conjunto de peticiones formuladas al Ayuntamiento de Alicante estarían enfocadas en la misma finalidad: "Que se refuerce ese control sobre quién residen en ellas", ha dicho.

Al tiempo, ha añadido que también se ha acudido al Registro de la Propiedad para cotejar que entre los propietarios figuran las personas a las que se les visó los correspondientes contratos y determinar si son las mismas personas que están residiendo en esas 140 VPP de la promoción de la controversia. "Estamos vigilando y actuando y hemos mejorado en el decreto de 2024 las normas que existían con el gobierno del Botànic; y quiero dejar claro que no vamos a permitir que la izquierda, que no ha hecho política de vivienda, nos manche el Plan Vive, que es lo que pretenden", ha advertido. Así, ha recalcado que deberían ser PSPV y Compromís "los que nos digan lo que están haciendo, porque además a lo mejor son ellos quienes tienen que dar explicaciones sobre por qué no controlaron quienes accedieron a esas viviendas en 2018", ha añadido.

Transparencia e igualdad

A posteriori, Camarero ha participado en el acto de clausura del 'Valencia Business Forecast', con una intervención en la que ha destacado la necesidad de reforzar la colaboración con todos los agentes del sector inmobiliario "para garantizar la máxima transparencia en la promoción, adjudicación y comercialización de viviendas de protección pública". En este sentido, ha subrayado que el objetivo del Consell es asegurar que el acceso a la vivienda protegida se realice con "criterios claros, objetivos y públicos, reforzando la confianza de la ciudadanía en el sistema y garantizando la igualdad de oportunidades".

La vicepresidenta primera también ha señalado que la colaboración público-privada es imprescindible para alcanzar el objetivo de poner en el mercado las viviendas necesarias que demandan los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. "Necesitamos la colaboración y la responsabilidad de todos, también de los promotores, para implementar entre todos las medidas necesarias que mejoren y garanticen la transparencia en la promoción, adjudicación y comercialización de la vivienda protegida", ha afirmado.