VALÈNCIA. Vox ha llevado la "prioridad nacional" a Les Corts Valencianes. Si este martes su síndic, José María Llanos, aseguraba que este concepto forma parte del acuerdo de investidura del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, este jueves han redoblado la apuesta presentando una proposición no de ley (PNL) de tramitación de especial urgencia para "garantizar" el "establecimiento de la prioridad nacional".
La iniciativa llega en un contexto clave para las relaciones de la formación que dirige Santiago Abascal con el PP, tanto a nivel nacional como autonómico. A los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón, y las negociaciones en Castilla y León, se suman las aproximaciones para la aprobación de unos nuevos presupuestos en la Comunitat Valenciana. El acuerdo de Extremadura permitió poner de relieve el término "prioridad nacional" y escalarlo al ámbito nacional. Hasta tal punto que ahora los voxistas lo plantean en el Parlamento valenciano vía PNL mientras ultima flecos con el PP para presentar unas nuevas cuentas autonómicas.
De esta manera, la propuesta de Vox obliga a los populares a retratarse en Les Corts Valencianes sobre un concepto que en los últimos días ha elevado la tensión entre las diferentes formaciones por la ausencia de consenso en torno a su definición. Sin ir más lejos, Vox se quedó solo en el Congreso este miércoles después de que el PP votara en contra de su propuesta sobre esta misma materia.
En todo caso, populares y voxistas acostumbran a escenificar cercanía en la Comunitat Valenciana mientras manejan desavenencias a escala nacional. Sin ir más lejos, Llanos aseguraba este martes que el partido está "feliz" a nivel autonómico porque "las cosas están funcionando para los valencianos". Por tanto, la existencia o ausencia de conformidad en torno a la prioridad nacional apunta a ser una prueba de fuego para las relaciones entre el PPCV y Vox en un contexto de ultimar flecos para dar trámite a unos nuevos presupuestos.
"Colapso" y "deterioro" del sistema por la inmigración masiva
La iniciativa presentada por Vox achaca a la "inmigración masiva y descontrolada" el "colapso" de los servicios públicos y el "deterioro profundo" del estado de bienestar. Los de Abascal ponen el foco directo en el bipartidismo, a los que acusa de "no ya tolerar, sino fomentar un proceso de inmigración masiva".
"La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia", expone Vox en su iniciativa. Entre la exposición de motivos también apuntan a que la tasa de condenados extranjeros "fue el doble" que la de españoles en 2024 o un "deterioro creciente de la seguridad".
En este sentido, defienden la prioridad nacional como un concepto ligado a la "pertenencia" y la "protección de los más vulnerables entre los propios", sin que ello suponga un "conflicto con la dignidad humana". "La comunidad siempre debe garantizar la asistencia en situaciones de urgencia vital y el amparo básico", apuntan desde esta formación.
"Repatriación" y "remigración"
En este sentido, la propuesta de resolución planteada por los voxistas pide que el Consell inste al Gobierno de España a "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar". Los de Abascal piden que se repatrien "todos los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal" y "proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles".
También instan al Ejecutivo nacional a una prioridad nacional en vivienda o en el sistema sanitario impidiendo, que salvo "casos de carácter vital o de emergencia" los inmigrantes ilegales hagan uso del sistema sanitario. En este sentido, piden la derogación del decreto por el que se regula la protección de la salud y la atención sanitaria a personas que no tienen residencia legal en España.
Los voxistas también piden acabar con la regulación masiva de migrantes, garantizar la prioridad nacional en el sistema público de pensiones y acabar con la asistencia jurídica gratuita a extranjeros en "asuntos relacionados con procesos de expulsión del territorio nacional".
