VALÈNCIA (EFE). La Audiencia Nacional ha condenado a 105 agentes autorizados de la compañía Western Union por participar desde locutorios de distintas provincias españolas -entre ellas Valencia y Alicante- en una estafa internacional millonaria a través del timo de las cartas nigerianas, con al menos 6.513 víctimas en 18 países de los cinco continentes.

En la sentencia dictada por la Sala de lo Penal se condena también a Western Union como responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones fijadas en los 105 casos, con cargo al fondo de 586 millones de dólares que la empresa ya consignó en Estados Unidos para pagar a todos los perjudicados.

Las condenas en España oscilan entre dos años y un año de prisión por un delito continuado de estafa y otro de blanqueo de capitales y la suma de las multas impuestas se sitúa en torno a los 7 millones de euros, aunque la cifra total defraudada es mucho mayor, dado que se estima que muchas víctimas no llegaron a denunciar. 

Todos los condenados, incluida la empresa, aceptaron las imputaciones de la Fiscalía y la sentencia recoge ese acuerdo, en el que no se les imputa el delito de organización criminal al considerar el Ministerio Público que no tenían conciencia de estar participando en una red.

Según los hechos probados, la estafa se basa en las cartas nigerianas, un engaño que consiste en hacer creer a la víctima que le corresponde un beneficio económico por una herencia o un premio de la lotería, por ejemplo, pero que para alcanzarlo debe desembolsar primero una cantidad de dinero.

El centenar de acusados en España, fundamentalmente nigerianos, pero también con otras nacionalidades, eran agentes autorizados de la entidad de pagos Western Union Payment Service Ireland, que opera en el país a través de locutorios.

Se vieron implicados 134 locutorios de las provincias de Madrid, Málaga, Valencia y Sevilla, así como en localidades como Barcelona, Almería, Alicante, Castellón, Zaragoza, Palma de Mallorca o Aranda de Duero (Burgos).

Los condenados se dedicaba a recibir pagos procedentes de las víctimas localizadas en el extranjero y a enviar después el dinero a los países de origen de los integrantes de la organización, sobre todo a Nigeria.

Tanto para cobrar el dinero como para reenviarlo utilizaron sin autorización documentos de identidad de otros clientes de los locutorios e infinidad de pasaportes falsos.

Según las denuncias presentadas hasta octubre de 2014, el importe total de lo defraudado asciende a 17,5 millones de euros entre 2009 y 2012, periodo en el que los locutorios investigados recibieron 7,5 millones de euros y remitieron a Nigeria más de 47 millones.

La diferencia entre la cantidad denunciada y la detectada como remitida a Nigeria, según la sentencia, "se debe a que existe una elevada cifra oculta de víctimas que no presentan denuncia", bien por desconocer que han sufrido una estafa, por vergüenza, o por miedo, ante las amenazas que pueden recibir de los integrantes de la organización criminal. 

En este caso la mayoría de las víctimas residían en EEUU, donde también ser vieron implicadas oficinas y agentes de Western Union.

La empresa llegó a un acuerdo en ese país para indemnizar a los afectados y asignó 586 millones de dólares a un fondo gestionado por la Fiscalía de EEUU, por los cargos de blanqueo de capitales y colaboración y cooperación en fraude por medios electrónicos.