VALÈNCIA (EP). El sindicato CSIF ha denunciado el "colapso" en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se está produciendo en la provincia de Valencia debido a los "múltiples requisitos" y a la "falta de datos", y ha advertido de la acumulación de expedientes y sobre la escasa información de su incompatibilidad con la Renta de Inclusión.

La central sindical informa en un comunicado de que entre los motivos que producen esta situación se encuentran los múltiples requisitos que contienen, los cambios de criterio, la acumulación de expedientes -26.000 en la provincia de Valencia- o la escasa plantilla que los tramita.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que se está produciendo duplicidades, como que los soliciten varios miembros de una misma familia aunque solo puedan concederlo a uno, o que la ciudadanía desconoce que, como anunció la vicepresidenta del Consell, es incompatible con la Renta Valenciana de Inclusión.

“El Ministerio sí que admite ambas ayudas y permite la tramitación, pero Conselleria está obligando a devolver el dinero de la Renta Valenciana de Inclusión a quien ha cobrado ya el IMV. Esa circunstancia genera renuncias a este último y, por tanto, la anulación de un expediente ya trabajado”, señala el sindicato.

CSIF apunta que a esa falta de información sobre incompatibilidades se suman los continuos cambios normativos en la tramitación, el escaso desarrollo del Real Decreto que lo aprobó o los numerosos requisitos demandados para adjudicar esta ayuda y que dificultan la tramitación del expediente.

La central sindical explica que la acumulación de peticiones y la complicación para tramitarlas, sumadas a las renuncias de los afectados una vez aprobados, están provocando la desmoralización y desestimientos de empleados públicos de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), que son quienes desarrollan el trabajo.

CSIF recuerda que esta labor resulta voluntaria, ya que no se ha producido un refuerzo de plantilla para acometerla. No obstante, el escaso incentivo económico y los continuos obstáculos que la dificultan provocan que más de 50 trabajadores hayan renunciado ya a seguir tramitándola en la provincia.

La central sindical reclama más claridad en la información al usuario y en los requisitos para el desarrollo del expediente, de manera que los empleados públicos puedan tramitarlo en las condiciones adecuadas y evitar que se produzca el actual colapso.