ALICANTE (EFE).- Una exdirectiva de la empresa de aceitunas La Española, con sede en Alcoy, ha sido condenada a dos años de cárcel por simular reparaciones en la factoría que la firma tiene en Aznalcázar (Sevilla) para costear reformas en su propia vivienda, por valor de 216.000 euros.

Según la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, facilitada a Efe, la exdirectiva, M.S.B., cometió un delito de estafa tras concertarse con un empresario de la construcción, también procesado, para cargar gastos por valor de 216.000 euros a las cuentas de la compañía cuando en realidad correspondían a obras realizadas en su propio domicilio.

Además, la acusada también derivó a la empresa el importe de la compra de electrodomésticos, de la instalación de cortinas e, incluso, de trabajos de mudanza por una suma adicional de más de 44.000 euros. Entre esos elementos incluyó una televisión valorada en 8.473 euros.

El fallo apunta que hizo pasar las facturas como si se tratase de costes relacionados con la maquinaria de la compañía en la factoría sevillana, una de las dos que posee La Española junto a la de Alcoy.

Al responsable de la constructora se le considera autor de la falsificación de las facturas, por lo que se le impone una condena de seis meses de prisión, aunque se le absuelve del delito de estafa que también le atribuía la fiscalía puesto que no se ha considerado probado que conociese que las obras ejecutadas no correspondían a la empresa, salvo por lo que respecta al televisor.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar entre los meses de mayo a noviembre de 2010 cuando la acusada, que ejercía como responsable de administración de su compañía, concertó la trama y cuando recibía las facturas estampaba una firma simulada del máximo responsable de La Española para que pasase todos los filtros administrativos internos y se autorizase el abono.

La procesada alegó en el juicio que no recordaba haber puesto las firmas en las facturas puesto que, según su versión, en aquel momento se encontraba afectada por un trastorno mental.

El tribunal descarta la existencia de ese supuesto trastorno y considera que su versión es insostenible, además de que su relato ha incurrido en contradicciones.

Aunque el ministerio público pedía inicialmente tres años de prisión, el tribunal rebaja la pena a dos por la atenuante de dilaciones indebidas.

Al margen de la condena de privación de libertad, la ex directiva tendrá que indemnizar a la empresa con el coste de los trabajos cargados de manera indebida, por una cifra total de 252.348 euros.