VALENCIA. Dos de los principales imputados del caso Avialsa han pedido declarar de forma voluntaria ante el magistrado de Sagunto que investiga la causa. En el caso Avialsa se investiga a varias empresas por presuntamente sobornar a altos cargos políticos para repartirse las adjudicaciones de extinción de incendios de varias comunidades autónomas, así como en Italia y Portugal. Entre los políticos que están siendo investigados en esta causa está el exconseller de Gobernación Serafín Castellano, al que presuntamente le hicieron varios regalos.

Los dos empresarios que han pedido declarar son Ángel Martínez Ridao y su hijo. Ambos, junto a la empresa Faasa, se están repartiendo los contratos del arco mediterráneo en extinción de incendios de este año. Los integrantes del llamado cartel de fuego siguen controlando todo el sector a pesar de estar investigados por un juzgado, ya que no recae ninguna condena sobre ellos.

Los empresarios Martinez Ridao y Miguel Ángel Tamarit (Faasa) han comprado recientemente una flota de 15 aviones a la empresa Avialsa, que hasta ahora era la que prestaba los servicios de extinción de incendios tanto en la Comunitat valenciana como en Cataluña, según informó Levante-EMV.

 La compra de las aeronaves se ha producido porque si no, las empresas no cumplían con las condiciones técnicas necesarias para poder optar a los concursos de ambas comunidades, ya que el modelo de avión que tenía la flota de Avialsa era imprescindible para poder ganar el concurso. El concurso de la Comunitat tiene un valor de 14 millones de euros y para optar a él hay que tener nueve aeronaves y el personal tanto de vuelo como de tierra.

Las tres empresas se encuentran bajo la lupa de la Justicia porque supuestamente pactaban los precios para poder quedarse con todos los contratos del sector. Es más, lo que hacían era que solo una empresa se presentara al concurso con una petición económica superior a la que el gobierno autonómico de turno ofrecía. Al no presentarse nadie más siempre ganaban y el sobrante presuntamente se lo repartían entre ellos. Otra de las operativas preferidas de los integrantes del ‘cartel del fuego’ era acudir varios de ellos a un concurso poniendo todos ellos precios desorbitados salvo uno. Así se aseguraron durante años el control absoluto del sector. Y cuando todo fallaba era cuando entraba en juego el cohecho, o lo que es lo mismo, los regalos a los políticos y altos mandos.

Parte del caso Avialsa ha sido remitido a la Audiencia Nacional debido a que, por un lado, afecta a varias provincias y, por otro, se practicó fuera de España. Sin embargo, hay varias de las piezas de la causa que seguirán siendo investigadas en Valencia, entre ellas, las que afectan a los PAI que algunos de los investigados trataron de cambiar presuntamente para ganar dinero con la rectificación de terrenos.