VALÈNCIA. El Pleno del Consell, a propuesta de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha autorizado la firma de unos convenios de colaboración entre la Generalitat y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (U.G.T.-PV) y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (C.E.V.).

La finalidad de estos acuerdos es financiar la realización de actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales con enfoque de género por parte de las entidades sindicales y empresariales más representativas en el Consejo General del INVASSAT durante el ejercicio 2021. Todo ello en el marco de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral vigente.

Los presentes convenios, -que entrarán en vigor en el momento de su firma, y finalizarán el 31 de diciembre de 2021-, están dotados cada uno con 200.000 euros, siendo el total 600.000 euros. La necesidad de aplicar la perspectiva de género a la seguridad y salud en el trabajo se debe a la evidencia creciente de que los riesgos laborales y las patologías causadas por ellos afectan de manera desigual a los hombres y las mujeres.

Los hombres y mujeres están en condiciones y posiciones sociales y económicas diferentes en el mercado de trabajo, lo cual implica que se encuentren expuestos a riesgos diferentes y que desarrollen problemas de salud diferentes.

Es obligado, por lo tanto, a la hora de fomentar y adoptar medidas de prevención, reflexionar sobre la forma de abordar todas estas diferencias que se producen entre los diferentes colectivos de hombres y mujeres para dar respuesta a la diversidad de realidades del mundo del trabajo.

La integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales pasa necesariamente por investigar las áreas relevantes para las mujeres trabajadoras y empresarias, que hasta ahora no han sido analizadas de forma suficiente, y también por no subestimar los riesgos laborales a los cuales se exponen, reducir su falta de participación en las decisiones sobre salud laboral y garantizar que las medidas preventivas adoptadas sean apropiadas.