VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Educación ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolución que regula la instalación, el uso y el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en los centros educativos públicos de titularidad autonómica. Esta norma pretende garantizar la seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones, "con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la protección de los datos personales".
La resolución, procedente de la dirección general de Centros Docentes, sustituye la regulación vigente desde 2013 y la adapta al Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Esquema Nacional de Seguridad, así como a la realidad organizativa y tecnológica actual de los centros, explica la Generalitat.
De acuerdo a la regulación publicada, los sistemas de videovigilancia solo se podrán utilizar con fines de seguridad. Quedan expresamente excluidos otros usos, como el control del desempeño del alumnado o del personal docente en su actividad académica, así como cualquier finalidad comercial o publicitaria.
Esta norma concibe la videovigilancia como una herramienta excepcional para prevenir incidentes en situaciones concretas y justificadas, no como un sistema de vigilancia de las personas.
Entre las medidas de ciberseguridad, la resolución prohíbe conectar los sistemas de videovigilancia a las redes corporativas y a internet, exige que el mantenimiento sea presencial y obliga a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, con el fin de proteger los datos personales y la integridad de los sistemas.
Como la mayor parte del alumnado es menor de edad, se incorporan criterios especialmente restrictivos. Se prohíbe instalar cámaras en las aulas durante la docencia, en baños, vestuarios y otras zonas de intimidad, así como en los espacios de descanso del personal mientras son utilizados. Además, la grabación de audio queda prohibida con carácter general.
Autorización previa y modelos comunes para los centros
La instalación o regularización de cualquier sistema de videovigilancia deberá seguir un procedimiento reglado de autorización previa. Para facilitar su aplicación, la resolución incluye modelos oficiales de cartelería informativa, memorias de idoneidad, análisis de riesgos y contratos de encargo del tratamiento de datos, de manera que los equipos directivos dispongan de seguridad jurídica y la normativa se aplique de forma homogénea en todos los centros.
Esta norma también garantiza que las personas afectadas puedan saber si han sido grabadas, acceder a sus imágenes y ejercer el resto de derechos que reconoce la normativa de protección de datos.
