VALÈNCIA. La Secretaría Autonómica de Educación remitió el pasado viernes a todos los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana unas instrucciones dirigidas a garantizar la evaluación y la calificación del alumnado al finalizar el curso 2025-2026 ante la situación de huelga indefinida convocada en la enseñanza pública.

Las instrucciones establecen que, dado el carácter continuo de la evaluación, las calificaciones podrán realizarse utilizando todos los elementos objetivos disponibles por parte del profesorado. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones e informes de la primera y segunda evaluación, así como las pruebas e instrumentos de evaluación de la tercera evaluación de los que exista constancia fehaciente.

Asimismo, se indica que las áreas, materias, ámbitos o módulos que lleguen sin calificar a la sesión de evaluación correspondiente se considerarán superadas mientras no figure una calificación negativa que justifique lo contrario. De este modo, se garantiza que el alumnado no resulte perjudicado por la falta de una evaluación derivada de la situación de huelga.

En el caso de Formación Profesional, las instrucciones precisan que los módulos profesionales podrán evaluarse y calificarse cuando se haya impartido al menos el 75 % del horario previsto. Por el contrario, cuando no se alcance ese porcentaje y no sea posible realizar la evaluación final del módulo, se emitirá una valoración parcial de los resultados de aprendizaje acreditados para facilitar, en su caso, una acreditación parcial de competencias.

Simultáneamente, las instrucciones también regulan el funcionamiento de las sesiones de evaluación y la adopción de decisiones colegiadas sobre promoción y titulación. En este sentido, se establece que el alumnado promocionará o será propuesto para la obtención del título correspondiente salvo que existan evidencias suficientes que justifiquen una decisión contraria.

Por último, las instrucciones contemplan medidas organizativas para la realización de pruebas de acceso, de certificación y otras evaluaciones previstas en el calendario escolar, así como los ajustes organizativos necesarios cuando las fechas dependan directamente de los centros educativos.

El objetivo de estas instrucciones, según explicó el departamento que encabeza Carmen Ortí en un comunicado, es "ofrecer seguridad jurídica y acompañamiento a los equipos directivos y docentes en la recta final del curso, asegurando en todo momento el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y evitando cualquier perjuicio derivado de la situación de huelga".

La Conselleria de Educación, en este sentido, remarcó que el derecho a la educación y a una evaluación objetiva del alumnado está protegido por la normativa estatal y autonómica, por lo que todos los centros deberán garantizar que ningún alumno o alumna quede sin evaluar ni sin calificar al cierre del curso académico. No obstante, la Administración Educativa aclara que estas medidas no modifican ni amplían los servicios esenciales mínimos establecidos para la huelga ni limitan el ejercicio del derecho de huelga del personal docente.