VALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este jueves el nuevo decreto que regula las comisiones de servicios que permiten a los docentes funcionarios valencianos poder ocupar temporalmente un puesto distinto al de su destino definitivo. El texto viene a regular en una única norma propia los supuestos, requisitos y criterios de adjudicación de estas comisiones, que hasta la fecha han movido a unos 10.000 docentes valencianos cada curso.
La norma, explican desde Educación, ordena las comisiones en varias modalidades. Las de concesión prioritaria, "para situaciones que exigen respuesta inmediata", como víctimas de violencia de género, situaciones de especial sensibilidad al riesgo y agresiones al personal docente, se resolverán "en cualquier momento y con confidencialidad". En un segundo escalón, se encuentran aquellas motivadas por razones personales, familiares o de salud, "como la enfermedad, la discapacidad o la conciliación". Tras ellas figuran las de interés profesional, que con carácter general se ordenarán por la puntuación obtenida en el concurso de traslados; y las de desempeño de cargos de dirección y de puestos de especial dificultad vinculados al proyecto educativo del centro.
Las reacciones a estas nuevas reglas del juego no han tardado en llegar desde el sindicato mayoritario, STEPV, que considera que la norma "limita las causas, modalidades de participación y criterios de concesión" para las próximas convocatorias de comisiones de servicio. Unas cuestiones sobre las que, según explican desde el sindicato, ya advirtieron en mesa de negociación, solicitando la retirada de este documento.
Además, critican que la regulación finalmente tenga carácter de decreto, lo que impide una modificación posterior de sus "reglas sustanciales" a través de las convocatorias posteriores e instrucciones que la Administración educativa dicte al respecto, tal y como establece la disposición final primera de la norma.
Vinculadas al concurso de traslados cuando son por interés profesional
Según el sindicato, si se compara con la convocatoria de comisiones de servicios para este curso, la nueva norma impide a los funcionarios de carrera pedir comisiones de servicios en supuestos como sufrir una enfermedad leve, estar en tratamiento de fertilidad, atender familiares de segundo grado, estar embarazada, encontrarse en un trámite de adopción, ser víctima de terrorismo o haber sido afectado por la Dana de octubre de 2024.
A ello se suman otras causas que "no desaparecen del todo", pero que quedan "absorbidas o restringidas" en la nueva norma. Entre los ejemplos, aluden a la educación de menores tutelados, a la conciliación por hijos o a una discapacidad: "Pasa necesariamente de una acreditación del 33% al 50%". Mientras que, sobre el cuidado de familiares de segundo grado, se requerirá de "un grado de dependencia III o de una discapacidad como mínimo del 65%".
El sindicato también pone de relieve que la nueva norma condiciona el acceso a las comisiones de servicios por interés profesional a haber participado en la última convocatoria del concurso de traslados en la que haya participado el solicitante, pues las peticiones se ordenarán según la puntuación total obtenida en ese procedimiento.
Además, apunta a una restricción de participación del personal dependiente de otras administraciones educativas y critica la "eliminación de las puntuaciones del baremo para establecer un orden de prelación" según causas. En definitiva, una serie de cuestiones por las que asegura que los servicios jurídicos del sindicato "estudian la presentación de un recurso" sobre el decreto: "No es más que una norma concebida desde la sombra y la traición a los docentes".
Educación defiende la "mejora de las condiciones laborales"
Desde la Conselleria de Educación defienden que el nuevo decreto "establece un marco común, transparente y homogéneo que da seguridad jurídica tanto al profesorado como a la Administración". "El decreto se enmarca en el esfuerzo de la Conselleria por mejorar las condiciones profesionales del profesorado y facilitar la conciliación de su vida personal y familiar que repercute directamente en su estabilidad y en la calidad de la atención educativa", remarcan desde el departamento que encabeza Carmen Ortí.
