VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha aprobado oficialmente la subida salarial de 200 euros brutos mensuales para el profesorado de la enseñanza valenciana sostenida con fondos públicos, es decir, tanto la pública como la concertada. En un pleno del Consell extraordinario apenas un día antes del inicio de curso en la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo que encabeza Juanfran Pérez Llorca ha aprobado un incremento salarial que se producirá en tres tandas: 75 euros este mismo mes de septiembre, otros 75 euros en enero de 2027, y los últimos 50 euros en enero de 2028.
De esta manera, un total de 150 euros se comprometen para antes de que concluya esta legislatura, mientras el resto del importe se empezará a abonar en el siguiente mandato, cuando también se prevé una revisión de la subida de acuerdo con el IPC y el aumento salarial que se produzca de acuerdo con lo que marque el Gobierno de España para el conjunto del funcionariado. Según ha indicado el portavoz del Consell, el acuerdo adoptado este martes "persigue que la nómina de este mismo mes de septiembre recoja la primera fase".
Este aumento salarial fue pactado el pasado 25 de mayo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos Anpe y CSIF, que únicamente aglutinan en torno a un tercio de la representación sindical en la mesa de la enseñanza pública. Cabe recordar que el acuerdo supuso una fractura en el bloque sindical, pues el resto de formaciones con representación — STEPV, CCOO y UGT — consideraron que no debía firmarse, al verlo insuficiente.
En cualquier caso, el departamento que encabeza Carmen Ortí ha seguido adelante con la aplicación del acuerdo firmado, que también incorpora el reconocimiento de seis días de libre disposición (moscosos) por curso y el derecho a la desconexión digital de los docentes, dos medidas que también han sido ratificadas mediante el acuerdo adoptado este martes.
Precisamente fue a inicios de la pasada semana cuando la Conselleria de Educación publicó la instrucción que regula los seis días moscosos. Un movimiento que, en la práctica, supone la activación de este mecanismo, así como la regulación de todo el proceso que deberán seguir los docentes para solicitar un día de libre disposición. En esta línea, tres días serán en jornadas lectivas y los otros tres en no lectivas. Tal y como explicó este periódico, también se establecen ciertos límites en la selección de las fechas, para limitar su uso cerca de periodos festivos o de sesiones de evaluación.
La normativa señala que el docente deberá dejar hecho un plan de actividades para su alumnado durante el día de libranza. También fija un límite de profesores con día moscoso en función del tamaño de la plantilla de cada centro educativo. El disfrute de un día de libre disposición, además, precisará de un trámite previo de solicitud, que también está regulado en la citada instrucción.
